Borrell dice estar comprometido con sociedad civil cubana

La política de la Unión Europea hacia Cuba ha sido criticada por opositores internos y externos del régimen de la isla por no exigir categóricamente a La Habana respeto a los derechos humanos.
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El alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo estar comprometido con asegurar la participación de la sociedad civil independiente en la implementación del Acuerdo de Diálogo entre el bloque hemisférico y Cuba. 

En una respuesta pública a parlamentarios de derecha, Borrell dijo que la sociedad civil “tiene un papel importante que desempeñar también en los diálogos políticos en el marco del PDCA”.

Con esas siglas, se conoce al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre La Habana y Bruselas, criticado por organizaciones cubanas opositoras y adversarios del gobierno de La Habana en el exterior, debido a que supuestamente excluye a los críticos del sistema para agraciar a los líderes comunistas.

En el último encuentro, celebrado en febrero en La Habana, el gobierno cubano excluyó a las organizaciones People in Need y a Civil Rights Defenders del diálogo, a pesar de que los representantes de Bruselas pidieron que estuvieran presentes.

Borrell también aseguró que Relator Especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, “expresó su decepción” por la negativa y su preocupación por las violaciones de derechos humanos en la isla.

“Pueden estar seguros de que seguiré presionando para que los seminarios de la sociedad civil que se celebren en relación con los diálogos políticos UE-Cuba sean más inclusivos, tanto en el lado europeo como en el cubano”, finalizó su misiva.

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación Cuba-UE fue suscrito el 12 de diciembre de 2016 y entró en vigor de manera provisional el 1 de noviembre de 2017. 

También ha sido criticado porque no exige con fuerza al régimen de la isla que respete los derechos humanos, una exigencia que marcaba la anterior “posición común” del bloque comunitario respecto al régimen.

Así lo han denunciado no sólo opositores y activistas cubanos, sino también organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2020 señaló que el gobierno de la isla “reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública”.

Por otra parte, el mes pasado el bloque hemisférico estuvo envuelto en una polémica de baja intensidad debido a que su embajador en la isla, Alberto Navarro, firmó una carta donde varios intelectuales pedían a EEUU poner fin al embargo y reanudar conversaciones con La Habana.

La carta sugería que Washington debía hacer concesiones sin pedir nada a cambio a Cuba, algo que fue duramente criticado por parlamentarios de derecha, quienes recordaron que Navarro sobrepasó sus funciones y que todo acercamiento al régimen debía ocurrir pensando en el establecimiento de la democracia.