Abuso de poder y tráfico de influencias desamparan a una habanera

A Bárbara Milagros Bauta Jiménez, vecina de San Ignacio 704 entre Paula y Merced, Habana Vieja, y madre de una menor de edad, no sólo le han demolido su vivienda, sino que gracias al contubernio de varias autoridades del Gobierno municipal, tampoco le han permitido legalizar un espacio cedido por un pariente cercano. 

Su calvario comenzó hace más de dos años cuando Leopoldo Alfredo Valle Álvarez, un funcionario del Consejo de Estado que tiene su domicilio en los bajos del espacio que ocupa Bauta Jiménez, utilizaría su cargo e influencias en el Gobierno municipal de Habana Vieja para despojarla de los derechos, inalienables, que la amparan constitucionalmente.

“He sufrido por parte de este funcionario amenazas, acosos y hasta falsas acusaciones. En complicidad con una amistad suya que atiende a las quejas ciudadanas en el Comité Central [del Partido Comunista] y con varios funcionarios del territorio logró que me demolieran mi casa”; denunció Bauta Jiménez, quien, a causa de la demolición, se vio obligada a ocupar un espacio, “de condiciones infrahumanas”.  

“Desde un inicio Leopoldo Alfredo manifestó, claramente, que me iba a hacer tierra. Y por consecuencia, mi casa me la demolieron el 29 de mayo de este año. De ahí en adelante este funcionario ha logrado con sus falsas acusaciones, y frecuentemente, que sea detenida y llevada al punto 30, la estación policial del territorio”, relató Bauta Jiménez  

El caso de Bauta Jiménez es conocido por todas y cada una de las autoridades municipales, incluyendo al jefe de Sector policial quien, en una ocasión le expresó que ellos “no podían hacer nada en contra de este funcionario”. 

En una reunión donde Bauta Jiménez fue citada, estuvieron presentes “el presidente del Gobierno municipal, Manuel Socarrás; la directora de Vivienda, Magdalena Seruto; la directora de Planificación Física, María Paulina, y la subdirectora de construcción del Gobierno, Marlén.

“Me hicieron firmar la orden de demolición con la promesa de que iban a legalizarme mi cuartico, pero nunca fue así. Me engañaron, y hoy estoy prácticamente a punto de quedarme con mi hija en la calle”.

El abuso de poder y el tráfico de influencias ‒penado por el Artículo 151 del Código Penal‒ ejercido por Valle Álvarez, contra una ciudadana trabajadora, también provocó afectaciones a la salud personal de Bauta Jiménez y su hija.

Como consecuencia del estrés perdió su trabajo, única vía de manutención para su hija, padece un cuadro diabético, descompensación de su presión arterial y una artritis reumatoide, que pudieron corroborarse en su historial clínico.

Ni siquiera estas autoridades dan cuenta del desamparo a que estas actuaciones, tanto del funcionario Valle Álvarez como de las instancias municipales corrompidas por éste, de que se hace caso omiso al Artículo 71 de la Carta Magna que reconoce, para todas las personas, “el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable”.

Por otra parte, Valle Álvarez y el conjunto de funcionarios corruptos han incurrido en acciones que podría ser procesadas mediante la Instrucción 245 que, en su primer Por Cuanto recuerda que la Carta Magna es, “la norma jurídica suprema del Estado, de obligatorio cumplimiento para todos, por lo que las disposiciones y actos de los órganos, directivos, funcionarios, empleados, así como las organizaciones, entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone”.

La Instrucción 245 del Tribunal Supremo Popular, aprobada en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de junio, quedaría establecida como el instrumento jurídico, a través del cual la sociedad civil en la Isla podría dar curso a demandas contra instituciones estatales para la reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciban que reciban de estas.

Bauta Jiménez ha escrito cartas sobre su situación, ya insostenible debido a que también su hija está afectada psicológicamente, al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel; a Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado; a Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad, y a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). 

Únicamente de este último recibió respuesta, pero a favor de la Dirección de Vivienda: “que no tengo derecho a legalizar el espacio que actualmente ocupo”.

El funcionario Valle Álvarez es el franco reflejo de un régimen que ha logrado, en seis décadas, convertir en letra muerta ya no únicamente a la propia Constitución de la República, sino por extensión al entramado de leyes y de justicia. 

El desamparo de Bárbara Milagros y de su hija no es un hecho aislado, sino la práctica común de funcionarios e instituciones, a lo largo de la Isla, contra la sociedad civil cubana, y en especial, a sus sectores más vulnerables.