El Parlamento de Nicaragua aprobó este jueves una Ley que busca burlar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Policía Nacional, a la que señaló y castigó por una serie de violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis que vive este país centroamericano desde abril de 2018.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó con carácter urgente y a petición del presidente del país, Daniel Ortega, la Ley para el Fortalecimiento de la Gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que dependía de la Policía Nacional.
El ISSDHU, creado en julio de 1996 como un ente adscrito a la Policía Nacional, está a cargo de la seguridad social de los oficiales activos y retirados, y ofrece préstamos emergentes, consolidación de deudas, entre otros beneficios.
La Ley, aprobada por los 71 diputados sandinistas y sus aliados, frente a 12 diputados opositores que votaron en contra, quita a la Policía Nacional la facultad administrativa sobre el ISSDHU y se la traspasa a la Presidencia de la República.
La diputada opositora Azucena Castilla consideró que esa Ley no exime al ISSDHU de las sanciones estadounidenses, debido a que tres de sus siete directivos son oficiales.
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A su juicio, al contar con tres representantes de la Policía Nacional en su directiva persiste el riesgo que se bloquee toda transacción financiera o bancaria, y de negocios con el ISSDHU.
"Allí mismos están contraviniendo el objetivo de sacarlo del control de la Policía y adscribirlo a la Presidencia, por lo que siempre está contaminado el ISSDHU", argumentó.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves pasado a la Policía Nacional por una serie de violaciones a los derechos humanos.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin, señaló entonces que el "régimen de (Daniel) Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense", en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos.
En un comunicado, el Gobierno de EE.UU. acusó a ese cuerpo policial de "usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros".
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Estados Unidos también sancionó a Juan Antonio Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales del cuerpo, y Luis Alberto Pérez Oliva, máximo responsable de la policía judicial y director de la prisión de El Chipote, donde algunos alegan que se ha practicado la tortura y violaciones, entre otros abusos.
Como resultado de esas restricciones quedan congelados los activos que los sancionados puedan tener en EE.UU., mientras que los ciudadanos estadounidenses y sus empresas no podrán hacer negocios con ellos.
Esta no es la primera vez que EE.UU. sanciona a un miembro del mayor órgano policial en Nicaragua, pues en 2019 sancionó a su director, Francisco Díaz, y a su subdirector, Ramón Avellán Medal.
Ni el Gobierno de Nicaragua, que ha calificado esas sanciones como "agresiones", ni la Policía Nacional se han referido a esas nuevas medidas de Washington.
Desde 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de "golpe de Estado".
