El expresidente chino de Interpol y antiguo viceministro de Seguridad Pública, Meng Hongwei, fue condenado hoy a 13 años y 6 meses de prisión, y a una multa de 2 millones de yuanes (290.000 dólares o 263.000 euros) por corrupción y aceptación de sobornos, informaron los medios locales.
Una corte de la ciudad de Taijin (noreste) consideró que Meng usó su posición como miembro del Comité del Partido Comunista del Ministerio, viceministro y director de la Guardia Costera china para obtener beneficios para empresas e individuos en negocios y promociones laborales.
El tribunal afirmó que sacó igualmente partido de su situación para buscar beneficios impropios para terceros y que aceptó ilegalmente regalos y propiedades por valor de más de 14,4 millones de yuanes (2,08 millones de dólares, 1,9 millones de euros).
Consideró que sus acciones constituyen un delito de corrupción y aceptación de sobornos.
Meng se había declarado culpable durante la vista del juicio el pasado junio por lo que la corte dijo que ha tenido en cuenta su confesión y que voluntariamente haya reconocido la mayoría de los delitos que se le imputaban.
El pasado 24 de abril el Tribunal Supremo chino emitió una orden oficial de detención contra Meng, quien se encontraba retenido sin acusación formal y en paradero desconocido en el país asiático desde septiembre de 2018.
Previamente, el 26 de marzo trascendió que había sido expulsado del Partido Comunista de China.
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El antiguo máximo responsable de Interpol desapareció misteriosamente tras subir a un avión con destino a China el 25 de septiembre de 2018, cuando su familia dejó de tener noticias suyas.
En ese momento era todavía viceministro de Seguridad Pública y presidente de la Interpol.
Francia -la sede de Interpol está en Lyon- concedió posteriormente asilo a la esposa de Meng.
Tras varios días de silencio y ante la presión de la comunidad internacional, que exigía a China explicaciones sobre su desaparición, la Comisión Nacional de Supervisión (el órgano anticorrupción chino) confirmó su detención a principios de octubre.
Poco después, Interpol anunció la dimisión "con efecto inmediato" de su presidente, después de que él mismo renunciara al cargo en una carta.
La legislación china establece que la Policía tiene autoridad para mantener incomunicados y en un lugar secreto hasta seis meses a sospechosos de ofensas contra la seguridad nacional, o acusados de terrorismo o sobornos, una normativa que en muchos casos se aplica a disidentes o activistas.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, China ha juzgado a numerosos altos funcionarios, en el marco de su campaña anticorrupción, por recibir sobornos.
