Los dos movimientos opositores más importantes de Nicaragua, que mantenían una frágil unidad para enfrentar y denunciar lo que consideran un régimen de corte dictatorial, el del presidente Daniel Ortega, decidieron separarse, debilitando la lucha en común contra el caudillo sandinista, que este viernes cumple 13 años consecutivos en el poder.
El portal de noticias Infobae dijo el jueves que, aunque la separación todavía no es oficial, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) no trabajarán más en conjunto.
“Se debe más a estrategias orgánicas que a cualquier tipo de conflicto, son procesos que se vienen haciendo desde hace meses, con el fin de hacer más clara la toma de decisiones”, sostuvo el miembro de la Unab, Jesús Tefel a periodistas.
Nicaragua atraviesa una crisis desde la insurrección civil de abril de 2018, y la consiguiente represión desatada por Ortega contra los opositores.
Según la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH), el conflicto ha dejado 328 muertos en 20 meses. Organizaciones locales suman hasta 651 víctimas. Ortega reconoce 200.
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La Alianza Cívica nació en mayo en el marco de ese levantamiento ciudadano contra Ortega, y ahí convergen los sectores estudiantil, laboral, campesino, costa Caribe, académico, político y, también, privado, es decir, la cúpula empresarial del país.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, la más amplia del país, es conformada por organizaciones feministas, partidos políticos de centro, disidentes sandinistas, diversas ONG dedicadas a temas sociales, líderes de la diáspora y jóvenes autoconvocados, entre otros.
Las diferencias más evidentes entre ambos movimientos hasta ahora han estado en las acciones contra Ortega: mientras la Unidad apuesta por manifestaciones callejeras y un paro nacional de actividades, la Alianza confía más en la diplomacia, según el reporte de Infobae.
Por su parte, un reportaje del diario español El País señaló el jueves que el rompimiento del bloque opositor dio “un balón de oxígeno a un Ortega desesperado por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra su Gobierno, pero que mantiene el control del Estado y la unidad de su partido, el Frente Sandinista.
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El periódico añadió que los nicaragüenses, hartos de casi dos años de crisis, ven el resquebrajamiento de la unidad como una traición, porque “ven a los integrantes de ambos organismos más abocados en defender sus intereses, atacarse entre sí, que trabajar unidos” para allanar el camino hacia la democracia en el país.
El diario agregó que, desde la Unab, se presiona a la Alianza para que se convoque un paro indefinido, y achaca a los empresarios y las élites económicas su falta de compromiso político en las acciones contra al régimen. Además, “se quejan amargamente en las redes que estos prefieren mantener sus ingresos económicos en detrimento de la democracia y la libertad del país centroamericano.
Del otro lado, dijo El País, se ve con recelo a sus ahora antiguos aliados, muchos de ellos beligerantes activistas sociales. Los empresarios de la Alianza temen las consecuencias económicas de un paro indefinido sobre la ya de por sí debilitada economía del país,
En medio de todo está Ortega, probablemente más relajado por el rompimiento de los opositores.
El dirigente sandinista cumple este viernes 13 años consecutivos como presidente de Nicaragua, sin poder superar la crisis sociopolítica interna, que ha dejado cientos de muertos en protestas antigubernamentales, una economía en retroceso y una sociedad dividida.
