Dos veces fue al aeropuerto y se quedó con las maletas hechas. Dijeron que estaba "regulado". Boris González Arenas es periodista, activista, opositor. Para el gobierno cubano, que decide quienes salen o no de la isla, es un "contrarrevolucionario", lo mismo que un ciudadano sin derechos.
"El castrismo no lo sufrimos los opositores, el castrismo lo sufrimos los cubanos. Los opositores lo sufrimos de manera particular", dice Boris, que se encuentra entre los cerca de 200 cubanos que tienen prohibido viajar fuera de la isla, según informó el Instituto Patmos hace algunas semanas.
"Las prohibiciones de salida no son algo nuevo, lo novedoso es la cantidad de personas que ahora tienen prohibido salir", comenta González Arenas.
Fue en 2013 que el gobierno eliminó el permiso de salida, conocido como "carta blanca", un visado que autorizaba a viajar fuera del país y permanecer tres meses en el extranjero. Antes de eso, los ciudadanos estaban obligados no solo a solicitar esta licencia, sino a pagar una tasa de 150 pesos convertibles para dejar la isla.
"Al principio de la ley migratoria se permitió que salieran muchas personas, primero para dar ese ambiente de que Cuba estaba viviendo algún cambio, pero la otra razón era que se iban a ir muchos opositores", recuerda González Arenas, que en ese momento pudo viajar sin obstáculo de las autoridades migratorias.
Sus dificultades comenzaron hace apenas unos meses, en coincidencia con el aumento de las denominadas "regulaciones migratorias", que es el eufemismo usado por el gobierno para referirse a las prohibiciones de viaje que afectan cada vez a más personas.
"En estos años que han pasado desde la ley migratorio, los cubanos hemos salido y nos hemos educado. Los cubanos antes no salían, entonces era lógico que pensáramos que el mundo era Cuba", comenta el activista.
"Si la dictadura nos tiene que impedir salir es precisamente porque la hemos puesto contra la pared en las instituciones internacionales", considera. "Es nuestro éxito que no nos dejen salir", resume.
González Arenas cree que una de las estrategias más efectivas de los gobiernos autoritarios es "hacer que la gente se desentienda de los órganos legales". Por eso, aunque le parezca que no obtendrá muchos resultados, ha presionado a las autoridades para que se pronuncien sobre la violación de su derecho a la movilidad.
"Una de las cosas que a mi criterio hay que hacer es movilizar a los órganos legales y forzarlos a hablar, y que precisamente en su silencio esté la denuncia", dice.
Boris se dirigió a las autoridades de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) y les pidió todos los registros suyos que poseen. Lo hizo amparado por la ley cubana, en especial la Constitución que entró en vigor en 2019 y admite el derecho a solicitar los datos propios.
Como su petición no fue respondida, el activista denunció en la fiscalía militar al funcionario a cargo de responderle por "incumplir su deber como autoridad".
"Hoy por hoy todavía no tengo respuesta de eso", concluye.
