Gremios estudiantiles, docentes, sanitarios y la ciudadanía autoconvocada volvieron este lunes a protestar en las calles de Chile para pedir derechos básicos garantizados mientras el Gobierno analiza en los despachos las posibilidades para cambiar o reformar la Constitución.
Las manifestaciones se replicaron desde la mañana hasta el atardecer en varias ciudades del país austral para exigir una educación pública gratuita, mejoras en el sistema de salud o reformas en el sistema de pensiones, exigencias compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos del país austral.
La calle volvió a ser el lugar donde expresar las críticas a un sistema desigual, al igual que ocurrió en los pasados 24 días, en los que ya han fallecido 20 personas desde que comenzaron las protestas en Chile
De forma paralela, el debate político se centra ahora en la apertura del Gobierno a abrir un proceso constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, en la manera de acometerlo y qué papel jugaría la ciudadanía.
Todo ello, a puertas de una huelga general convocada para este martes que amenaza con paralizar un país que lleva más de tres semanas afectado por el estallido social contra la desigualdad.
RECLAMOS POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA
Miles de docentes y estudiantes marcharon en la mañana por el centro de Santiago de Chile para pedir que la educación deje de ser un "bien de consumo" y se convierta en un servicio "gratuito y de calidad".
El Colegio de Profesores realizó un paro nacional este lunes y reconocieron que se sumarán a la huelga general del martes, encadenando dos jornadas consecutivas con las aulas clausuradas.
Los manifestantes pidieron mejores condiciones laborales, la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la organización de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y blinde la educación como un derecho fundamental.
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POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD
También en el centro de la capital chilena se reunieron varios centenares de sanitarios y enfermeros para mostrar su rechazo a las propuestas del Gobierno en materia sanitaria.
En ese sentido, desde el Colegio Médico indicaron que no aprueban las ofertas realizadas por el Ejecutivo porque no incluyen ninguna de las peticiones del gremio, entre las que figura un aumento de la inversión de 10.000 pesos (13,1 dólares) per cápita en atención primaria o un alza del 6 % del PIB en gasto público en materia sanitaria.
El gremio sanitario anunció además nuevas movilizaciones para este martes frente a la sede del Ministerio en Santiago de Chile en el marco de la huelga general.
LA CIUDADANÍA VUELVE A PLAZA ITALIA
Los ciudadanos autoconvocados volvieron a reunirse en la tarde de este lunes, como casi todos los días desde comenzaron las protestas, para mostrar su desencanto con la situación de desigualdad social.
En un ambiente festivo y pacífico, varios miles de personas se congregaron para pedir la renuncia de Piñera y exigir que los principales derechos básicos sean la base de la nueva Constitución.
Se registraron algunos incidentes aislados entre un grupo de manifestantes y las fuerzas del orden que acabaron con la intervención de la Policía en la totalidad de la protesta con gases lacrimógenos, el uso del carro lanza-agua y disparos de perdigones y balines de goma para disolver la multitud.
LA CONSTITUCIÓN ENTRA EN JUEGO
El Gobierno chileno abrió la puerta a la elaboración de una nueva Constitución, una tarea que corresponde al Congreso pero que contará "con una amplia participación ciudadana", aunque desde el Ejecutivo reconocen no tener aún claro de qué forma le darán un papel activo a la gente.
La participación ciudadana se vislumbra como trascendental, dado el contexto actual de protestas y teniendo en cuenta que uno de los grandes reclamos en las calles es la apertura de una Asamblea Constituyente.
"El mecanismo no está definido, si nosotros quisiéramos imponer una mirada no estaríamos dialogando con la oposición, sería una imposición. Lo que estamos haciendo es abrir el diálogo franco y honesto, porque nos interesa llegar a acuerdo para que las cosas cambien", dijo la portavoz del Gobierno, Karla Rubilar.
Pero sí dejo clara su fe en el Congreso como el mejor camino de avanzar hacia una nueva Constitución y que la vía que propone el Gobierno "no es la Asamblea Constituyente", que abriría un proceso para elegir a una serie de ciudadanos para elaborar el nuevo Texto Fundamental, sin participación de parlamentarios.
El Gobierno apuntó a los cabildos ciudadanos autoconvocados, los diálogos impulsados por las alcaldías y el proceso constituyente que se llevó a cabo durante el último mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) como algunas de las maneras de dar cabida a las personas en la elaboración de la nueva Constitución.
