El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció este jueves sanciones económicas contra tres funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, acusados de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, informaron ampliamente medios locales.
Según un comunicado de prensa emitido hoy por la embajada de los Estados Unidos en Managua, los sancionados son el subdirector de la Policía de Nicaragua, Ramón Avellán; el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, y el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López.
Según el comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos, las sanciones responden a actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante el levantamiento civil contra Ortega, en abril de 2018.
Las sanciones se aplican de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua aprobada en 2018, conocida como Nica Act, indicó el comunicado.
“Estamos apuntando a miembros del régimen de Ortega que se han involucrado en el abuso de derechos humanos y la corrupción “, dijo el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich, según el portal de noticias Nicaragua Investiga.
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“Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, recalcó.
Con esta acción, se congelarán los bienes y activos que tengan estos funcionarios públicos en Estados Unidos, así como cualquier empresa de la que sean propietarios o en las que tengan acciones, detalló el medio de comunicación.
Al igual que en el caso de los otros sancionados previamente, Avellán, Campbell y López, no pueden realizar transacciones bancarias en prácticamente todo el mundo, lo cual obligó a Ortega a cambiar de cargo a los funcionarios que fueron sancionados anteriormente.
“Avellán llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales”, durante las protestas de abril de 2018, dice el comunicado del Gobierno norteamericano.
Además lo acusa de haber dirigido la “Operación Limpieza en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó. Los ataques del PNN y la parapolicía bajo su mando provocaron 107 muertos y cientos de heridos”.
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Por su parte, Campbell está vinculado con múltiples fraudes electorales desde su papel de dirigente del poder electoral y desde antes, como vicepresidente de la institución, detalló Nicaragua Investiga.
“El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”, dice el comunicado.
Al Director del INSS, lo relacionan a actos graves de corrupción.
“El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno”, indicó el boletín de la embajada.
Con estos nuevos sancionados, asciende a 14 el total de funcionarios castigados por el Gobierno norteamericano con la Ley Nica Act.
Previamente han sido afectados Roberto Rivas, Francisco López, Fidel Moreno, Francisco Díaz, Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau, Laureano Ortega, Gustavo Porras, Sonia Castro, Orlando Castillo y Óscar Mojica, además de una institución bancaria propiedad del conglomerado familiar de Ortega, el Bancorp, destacó Nicaragua Investiga.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
