La activista por la democracia Rosa María Payá solicitó este miércoles en el Parlamento del Reino Unido, la aplicación de sanciones al régimen de Cuba por violar derechos humanos y por la represión judicial desatada contra los manifestantes del estallido social del 11 y 12 de julio pasado (11J).
“[Estoy] en Westminster, para solicitar al parlamento británico que imponga sanciones a los responsables de abusos graves a los derechos humanos en Cuba”, publicó en sus redes sociales la fundadora de la iniciativa cívica CubaDecide.
“En manos del diputado [puse] la lista de jueces y fiscales que condenan a cientos de manifestantes pacíficos a años de prisión. #SOSCuba”, declaró Payá.
La activista se reunió con un grupo de legisladores de la Cámara de los Comunes, a quienes informó sobre “la realidad de opresión brutal que está viviendo el pueblo cubano, con más de 1 000 prisioneros políticos” y sobre la “situación tan difícil que están enfrentando las familias cubanas a nivel económico”, según contó a Radio Televisión Martí.
Payá solicitó a los parlamentarios británicos una posición de liderazgo en Europa para denunciar la ilegitimidad del régimen comunista y exigir la excarcelación de los presos políticos, además de iniciar acciones concretas contra el gobierno de La Habana.
“Por ejemplo, imponer sanciones contra los generales cubanos, grupo que lidera el país, y también a esta lista de jueces y fiscales que se han prestado para condenar a manifestantes pacíficos a largos años de prisión. Estamos proponiendo que el gobierno británico cancele la licencia que tiene para operar el Havin Bank, que sabemos, pertenece al conglomerado militar cubano, y que no haya compañías británicas que estén negociando con el régimen”, explicó.
La coordinadora de CubaDecide expuso el fortalecimiento de las relaciones entre los regímenes de Rusia y Cuba. Payá hizo énfasis en la necesidad de respaldar la demanda de libertad de sus compatriotas, “expresada el 11 de julio y que sigue viva dentro de la población cubana”.
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En su último informe anual sobre derechos humanos, divulgado esta semana, Amnistía Internacional afirmó que el régimen de Cuba intensificó “su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión” durante 2021, año marcado por las protestas anticastristas.
La organización hizo énfasis en la situación de los ciudadanos reprimidos durante y después de las movilizaciones. Amnistía recordó que, según la ONG Cubalex, 700 manifestantes del 11J permanecían encarcelados a finales de 2021.
La Unión Europea (UE) pidió este 30 de marzo al régimen cubano que libere a todos los presos políticos, a través de una declaración de Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea.
También exigió respeto a las libertades de expresión y manifestación, así como poner fin a los juicios contra manifestantes pacíficos que salieron a las calles el 11 de julio amparados en la propia Constitución cubana.
“El uso de estos procedimientos judiciales y sentencias niega a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar sus opiniones pacíficamente y a exigir cambios. El derecho a disentir y a manifestarse debería ser garantizado y protegido en Cuba”.
En el documento se sostiene que el gobierno cubano debería iniciar un diálogo en torno a las “legítimas reivindicaciones” de cambio, y sugiere que la UE podría ser mediador en esa iniciativa.
