El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó en septiembre unas 312 protestas pacíficas en Cuba, a pesar del despliegue represivo del régimen tras las manifestaciones del 11 de julio en la isla.
En un informe reciente, este proyecto de la sociedad civil independiente cubana aseveró que la tendencia de crecimiento de las protestas va en ascenso desde 2020 en el país, una etapa marcada por la pandemia y la carestía.
Se reporto que el 45 por ciento de estas manifestaciones estuvieron motivadas por demandas sociales y económicas y el 55 por ciento restantes “con exigencias vinculadas a derechos políticos y civiles”.
En septiembre de 2020 solo ocurrieron 42 protestas. “Aun aquellos que insisten en considerar excepcional el estallido social nacional del 11 de julio (584 protestas con participación de unos 187,000 cubanos) tienen que tomar en cuenta que se han acumulado ya un total de 2,718 en el transcurso de un año. Y siguen creciendo”, refiere el sitio oficial del Observatorio Cubano de Conflictos.
Destaca el texto que luego del 11J se desarrollaron nuevas formas de manifestación:
“Las convocatorias para rezar en público en favor de los cambios y las 29 acciones cívicas de protesta en diez provincias fueron dos tendencias novedosas que se expresaron pese a la represión y el terror posterior al 11 de julio. A ello se agregaron los cacerolazos, una modalidad muy latinoamericana, pero sin arraigo anterior en Cuba”, menciona el reporte.
Régimen inicia represión por próxima marcha el 20N
Varios de los promotores de la manifestación pública del próximo 20 de noviembre han comenzado a ser interrogados por el gobierno cubano y amenazados para que desistan de asistir a la convocatoria.
El pasado 25 de septiembre el régimen apresó al director del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo Luna. Tras un día de detención fue liberado.
La razón de su arresto está estrechamente ligada con la firma de Madrazo Luna en la solicitud de protesta del próximo 20 de noviembre, entregada en la intendencia de Habana Vieja y en el Gobierno Provincial de La Habana por parte del grupo Archipiélago.
Madrazo Luna contó a Radio Televisión Martí que “Todo el interrogatorio se concentró en la protesta: que nos miráramos en el espejo de gente como Luis Manuel Otero y Maikel Castillo El Osorbo, que también, miremos lo que está pasando con los que animaron las protestas del 11 de julio, que hay una gran cantidad de personas que van a ser procesadas y que no estamos midiendo los pasos, que cualquier acto público de protesta va a ser castigado como desorden público, atentado, lo mismo que siempre han dicho”.
Otro de los defensores de la iniciativa que ha sido reprimido es el rapero Osvaldo Navarro, conocido como Navy Pro. El 23 de septiembre fue detenido en su localidad, por dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, cuando se dirigía a su rutina de ejercicios. En horas de la noche fue excarcelado y le inhabilitaron el servicio a internet por datos móviles.
“El tema central de mi arresto, fue la marcha convocada para el próximo día #20denoviembre y el ¿por qué? estaba mi firma en un documento que circula públicamente en redes sociales y fue entregado en instituciones oficiales”, escribió en Facebook.
Miembros del grupo Archipiélago han entregado, en varias provincias del país, cartas solicitando permiso para realizar una marcha pacífica el próximo 20 de noviembre.
Los organizadores esperan respeto a “la dignidad de cada cubano o cubana involucrados en la organización de esta iniciativa ciudadana” y “estricto apego al derecho”.
“Manifestarse pacíficamente es un derecho humano reconocido en la propia Constitución de La República. Violar o impedir el ejercicio pleno de este derecho constituye un delito”, agrega una publicación del grupo al respecto.
Archipiélago insiste en que la marcha exigirá “que se respeten todos los derechos para todos los cubanos” y busca “la liberación de los presos políticos” y la solución de las diferencias políticas a través del diálogo y vías democráticas.
Las solicitudes formales de marcha llegaron a los gobiernos de La Habana, Holguín, Villa Clara y Cienfuegos.
