Activistas cubanos consideraron positivo el anuncio del anteproyecto de un nuevo Código de Familias que permitiría la unión entre personas del mismo sexo, pero dudaron sobre la transparencia del proceso de aprobación en un evento convocado por la red Demo Amlat.
“El Código no es un regalo para la comunidad LGBTQ, sino una renovación del marco legal para todas las personas de Cuba y eso es importante decirlo”, declaró la activista y crítica de teatro Yasmín Portales, quien participó en el debate.
El Código “beneficia a toda la ciudadanía cubana que cree en la igualad y el derecho de la felicidad de las personas, no beneficia a los que están siempre vigilando para controlar a otros y otras y a quienes creen que sus hijos y sus mujeres son suyos, a esa gente no los beneficia”, aclaró.
El Estado cubano llevará a plebiscito el Código, una decisión controversial rechazada por varios sectores de la sociedad independiente cubana.
Tras la aprobación de la versión número 22 del documento el Ministerio de Justicia compartió el correo electrónico familias@minjus.gob.cu para que la población ofrezca sus sugerencias o inconformidades con el Código.
Con los aportes de la ciudadanía se elaborará otra versión que será sometida a aprobación en la Asamblea Nacional (Parlamento) en diciembre de 2021, para luego realizar la consulta popular el próximo año.
Para María Matienzo, los activistas y ciudadanos deben cuestionarse a dónde llegan sus reclamos, pues el Estado cubano no es transparente en la gestión de las demandas ciudadanas.
“Corremos el riesgo de que suceda igual con esta nueva puesta en escena, me cuesta mucho trabajo pensar que es legítimo, porque lo hemos vivido en muchas ocasiones y esta no tiene por qué ser diferente”, aseguró.
Los grupos conservadores que más se han opuesto a que el gobierno otorgue derechos a la comunidad LGBTIQ han sido los religiosos, según Matienzo.
“De aquí a diciembre lo que se impone y desde el activismo y la lucha por los derechos es echar la batalla en términos comunicacionales para lograr que el Código se enriquezca y no pierda en el proceso de consulta popular”, agregó.
En el encuentro participaron también los activistas LGBTIQ Raúl Soublet López y Ulises Padrón Suárez, estos últimos por problemas de conexión no pudieron intercambiar en el espacio.
Una de las peticiones de la comunidad LGBTIQ cubana ha sido la redacción de un nuevo Código de las Familias más inclusivo, que actualizara lo establecido por la Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975 (Código de las Familias vigente).
Desde el 16 de julio de 2019 el régimen cubano constituyó un Grupo de Trabajo Temporal para elaborar las propuestas de políticas para el proyecto.
El 22 de marzo de 2021 el Consejo de Estado aprobó la Comisión, integrada por diputados de la Asamblea Nacional y representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones también controladas por el gobierno, encargada de la elaboración del proyecto.
Demo Amlat es un proyecto de la ONG Transparencia Electoral, que defiende y promueve los valores democráticos en Latinoamérica.
Grupos religiosos critican iniciativas del Gobierno
El nuevo Código mereció la crítica de grupos religiosos en Cuba, entre ellos la Iglesia católica, que pidió “igualdad de condiciones” en el debate sobre lo que llamo “ideología de género” incluida en ese documento.
La Iglesia católica, cuya oposición al tema es conocida, no tiene medios para exponer sus puntos de vista, ya que carece de periódicos y televisoras y de centros docentes en el sistema nacional de enseñanza.
Los evangélicos también criticaron esta iniciativa. La Convención Bautista de Cuba Occidental publicó una declaración donde mostraban su “inquietud” por el reforzamiento del “enfoque de género” en el documento.
Exigieron que el programa de estudios “no se imponga a toda la población” y aprovecharon para exigir el regreso de las congregaciones religiosas —de cualquier credo— al sistema de enseñanza cubano.
