Autoridades judiciales cubanas confirmaron la sentencia de ocho meses de cárcel para Gabriela Zequeira, de 17 años, acusada del delito de “desorden público” por su participación en las protestas del 11 de julio, informó CubaNet este 18 de agosto.
El Tribunal Provincial de La Habana desestimó la víspera, durante el último juicio, un recurso de apelación presentado por la defensa de la adolescente.
La entidad determinó que Zequiera cumpla su condena en reclusión domiciliaria tipificado como “trabajo correccional sin internamiento” (Artículo 33). La joven podrá seguir cursando estudios y asistiendo a la escuela mientras cumpla su sanción.
“En el juicio aparecieron cuatro testigos que, en la vista sumaria que se hizo el 22 de julio en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, no estaban. Dos eran ‘boinas negras’ y los otros del Ministerio del Interior”, confirmó al citado medio.
“Yo tenía la esperanza de salir absuelta de este segundo proceso, con libertad inmediata. Esto es una injusticia no solamente conmigo, también con las demás acusadas y con los detenidos del 11 de julio”, agregó.
Durante la vista oral, el régimen también confirmó las sentencias de las nueve mujeres juzgadas junto con ella, sin excepción.
La joven fue arrestada el día que iniciaron las manifestaciones en una zona cercana al monumento de la Virgen del Camino. Según la fuente familiar, la joven salía de una peluquería cuando se topó con la revuelta, que agitó varias localidades del país el domingo 11 de julio y días subsiguientes.
La legislación penal cubana establece que son imputables los mayores de 16 años, aunque todavía son menores de edad. Además, reconoce un “tratamiento diferenciado” al sospechoso de un hecho delictivo que se encuentre entre las edades de 18 y 20 años.
La joven estudiante no tiene antecedentes delictivos. Su familia consiguió una carta firmada por profesores de su escuela, el politécnico Andrés Luján, de San Miguel del Padrón, quienes dieron fe de que ella es “buena alumna”.
Durante la última semana de julio comenzaron juicios sumarios a los detenidos en las protestas, acusados de los delitos de "desorden público" e "instigación a delinquir".
Especialistas jurídicos del medio independiente El Toque explican que el procedimiento que están siguiendo “permite juzgar en menos de 20 días a las personas acusadas por delitos cuyo marco sancionador no excede el año de privación de libertad”, y no es necesario que esté presente ni un fiscal ni un abogado.
Esa publicación confirmó con abogados de La Habana, Cienfuegos y Villa Clara, que las autoridades “presionan y amenazan” a los letrados pertenecientes a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), única entidad autorizada en Cuba para la representación legal de ciudadanos.
