La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, en Florida, efectuó el pago de $ 9 millones de dólares a las víctimas de un maestro que abusó de ellas, para que no desestimaran al distrito escolar ante los medios de comunicación por el aberrante caso, reveló este miércoles el Miami Herald.
Las víctimas fueron abusadas por el exprofesor de educación física de Brownsville Middle, Wendell Nibbs, quien cumple una sentencia de ocho años de prisión por tres cargos de agresión sexual. En sus 15 años como maestro, Nibbs fue acusado de conducta sexual inapropiada por nueve estudiantes en Brownsville.
Cinco sobrevivientes demandaron a la Junta Escolar en un tribunal federal, alegando que se violaron sus derechos y que el distrito escolar fue negligente. El caso se resolvió en marzo, pero los documentos estuvieron disponibles un tiempo después.
Tres de las víctimas, que fueron violadas varias veces, recibieron cada una $ 2.332.750; otra de las niñas que fue violada una vez recibió $ 1.167.250, y un quinto sobreviviente que fue acosado recibió $ 584.500, reveló el medio local.
El acuerdo millonario obligó a los afectados y sus abogados a no revelar los pagos del trato o "impugnar o menospreciar" a la Junta Escolar a los medios de comunicación, según el Miami Herald.
Esas estipulaciones dicen que los sobrevivientes y sus hermanos, herederos y abogados, no revelarán el monto del acuerdo, por escrito u oral, específicamente salvo entrevistas, comunicados de prensa o cartas a terceros.
El estatuto de Florida, sin embargo, dice que una disposición como esa "no se puede hacer cumplir". Ya que la ley especifica que “cualquier propósito o efecto de ocultar información relacionada con un arreglo o resolución de cualquier reclamo o acción contra el estado, sus agencias o subdivisiones” será nula.
Lance Block, un abogado con sede en Tallahassee que ha presentado casos de agresión sexual contra distritos escolares y ha trabajado en proyectos de ley de reclamos contra la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, dijo que nunca había oído hablar de un acuerdo de confidencialidad que de beneficio a un gobierno o entidad estatal.
"No estamos tratando con General Motors o alguna compañía de seguros o empresa privada", dijo Block. “Estamos tratando con una agencia gubernamental que financian los contribuyentes. Y los contribuyentes tienen derecho a saber cómo el gobierno paga las reclamaciones y si hay irregularidades que justifiquen un pago de $ 10 millones ”.
El comunicado dice que las víctimas y sus abogados sólo pueden hacer comentarios "estrictamente relacionados con la evidencia aducida en el caso, sin ninguna caracterización injusta, lenguaje incendiario o adorno", o de lo contrario la Junta Escolar cesará los pagos del acuerdo.
Uno de los abogados, Pedro Echarte, dijo que ha visto ese lenguaje de confidencialidad en acuerdos con empresas privadas, pero nunca con un organismo gubernamental. “Está ahí, pero todos ya conocen los números porque es un registro público”, dijo.
El abogado Aaron Karger, que trabajó en el caso con Echarte, otro de los defensores de las víctimas, dijo que sus clientes aún pueden hablar sobre los hechos y las pruebas. “Son conscientes de que no se les impide (hablar sobre) lo que dio lugar al caso, hablar de lo que sucedió en el caso”, explicó.
Karger dijo que el caso sentó un precedente importante. El Departamento de Educación de Florida cambió las reglas estatales que requieren que los distritos escolares notifiquen al estado de las malas acciones de los empleados dentro de las 24 horas en lugar de 30 días.
