El régimen cubano ingresará 591 197 dólares por cada uno de los tres meses, prorrogables, que estará en Panamá el contingente médico que envió esta semana para ayudar a enfrentar los embates de la pandemia de coronavirus.
La cifra está reflejada en la resolución del Consejo de Gabinete número 101, del 17 de diciembre, en la que se autoriza al ministro de Salud panameño, Luis Francisco Sucre, a suscribir el convenio de cooperación con Cuba para este servicio.
Así lo destacó el medio La Prensa de la nación centroamericana, que además recordó que esta es la segunda vez en que un contingente de médicos cubanos trabaja oficialmente en Panamá. La primera se produjo bajo el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y consistió en la llamada Operación Milagro, que ofrecía cirugías oftalmológicas gratuitas.
La delegación médica cubana que arribó a Panamá para colaborar en la lucha contra la COVID-19 está integrada por 231 especialistas en cuidados intensivos y cardiología, así como por enfermeras con experiencia en intensivos y trastornos respiratorios.
El país istmeño tiene una situación epidemiológica compleja. Desde marzo hasta este sábado 26 de diciembre se contabilizaban unos 228 724 positivos al coronavirus y tres mil 799 fallecidos como consecuencia de la enfermedad pandémica. En noviembre el incremento de los casos fue vertiginoso, al punto de llevar a plantearse a las autoridades del país si contratar profesionales extranjeros.
La decisión final, favorable a esa iniciativa, ha generado una fuerte polémica en el país, donde muchas voces importantes del gremio de la salud abogan por favorecer la contratación de especialistas nacionales y no de extranjeros.
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Pese a ello, el Ministerio de Salud Panameño (Minsa) autorizó la llegada de los médicos, enfermeras y asistentes cubanos por un lapso de tres meses, tiempo establecido para los contratos temporales. Según explicó la entidad, durante la vigencia de los mismos también se mantendrá la convocatoria para la contratación de personal médico panameño que desee trabajar en medio de la pandemia.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que mantienen conversaciones con profesionales médicos procedentes de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Cuba ante el aumento de casos de COVID-19.
La Comisión Médica Negociadora Nacional dijo que no se opone a la contratación de extranjeros, pero que deberían priorizar la de médicos nacionales disponibles. Uno de sus directivos, Julio Osorio, señaló que lo primero que debería hacer el gobierno es terminar de pagar a los médicos que le han dado la cara a la Covid desde hace meses y luego nombrar 200 médicos generales panameños que se pueden entrenar, por ejemplo, para ayudar en las unidades de cuidados intensivos.
Por su parte, ante la contratación de galenos extranjeros, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, doctor Enrique Mendoza, presentó su renuncia a la designación como miembro del Consejo Consultivo de Salud, que se creó a raíz de la crisis de la COVID-19.
“A lo largo de los meses he insistido en la adopción de medidas de mitigación efectivas frente al reaceleramiento de la pandemia producida por el SARS-COV 2. Yo no estoy de acuerdo con la inercia política, el predominio de los intereses económicos y la falta de liderazgo que están conduciendo al fallecimiento de centenares de panameños y al contagio de miles de nuestros compatriotas con la infección viral”, escribió Mendoza en la carta que dirigió al ministro de Salud para explicar los motivos de su renuncia.
“He sido consistente en mi posición de que no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República. A lo largo de décadas, hemos establecido mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los istmeños. Para mí no es posible aceptar que un daño colateral de la pandemia viral sea la ignorancia y la destrucción de esos mecanismos”, agregó.
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Otras muestras de disconformidad con la llegada y trabajo de médicos cubanos en Panamá han estado relacionadas con la idoneidad profesional de los mismos. Al respecto, Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo de Salud, dijo que el Minsa, a través del Consejo Técnico de Salud, está revisando a cada uno de los profesionales cubanos, que serán destinados a varias instalaciones hospitalarias.
La venta de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano. Por ello vende la imagen internacional de la “solidaridad” entre países hermanos, cuando lo que realmente sucede es la explotación de los galenos de la isla.
El pasado septiembre, más de 400 médicos denunciaron ante Naciones Unidas a la Seguridad del Estado de Cuba por esclavitud.
La Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, han calificado de «trabajo forzoso» las condiciones en las que laboran los médicos cubanos, así como otros profesionales -maestros, ingenieros o artistas- que forman parte de las misiones internacionales que desde 1963 la dictadura cubana despliega en el exterior.
Al cierre de 2019 unos 28 000 cooperantes cubanos estaban diseminados en 61 países, alejados de sus familias, sufriendo pésimas condiciones y cobrando una ínfima parte de los salarios que los gobiernos de los países en los que cumplen misión pagan por sus servicios.
