*Por Laura Rodríguez Fuentes
Con información de Bertha K. Guillén
Poco después de las 9:00 de la noche del pasado 11 de junio una mujer era golpeada en un barrio de La Habana por cuarta vez desde que el gobierno cubano ordenara a la población recluirse para frenar los contagios de la COVID-19.
Los ruidos de los golpes y los gritos de la víctima y de sus dos hijas pequeñas fueron escuchados por una de sus vecinas que acudió a un grupo de Facebook creado el año pasado por varias activistas para denunciar, de manera anónima, los casos de violencia machista en contra de las mujeres.
De inmediato, la vecina les pidió a las fundadoras de la página que denunciaran ante las autoridades los hechos de violencia doméstica, que aumentaron en ese hogar durante la pandemia.
Al cabo de un rato, dos militares y dos policías atendieron el llamado y llegaron en una patrulla. La víctima no habló de lo ocurrido. Sus dos hijas lo hicieron pero su madre decidió no presentar una denuncia formal en contra del agresor, “que estaba recogiendo sus cosas porque se quería ir”, según dijeron las activistas.
La patrulla se fue y poco tiempo después el hombre volvió a golpearla. Las activistas, alertadas por la vecina, continuaron llamando, incluso de madrugada, al 106, el número de teléfono de la Policía. Pero los militares no volvieron.
Violencia oculta
Desde que en el mundo se declararon las medidas de confinamiento para ralentizar los contagios de coronavirus, organizaciones internacionales advirtieron que se produciría un incremento de agresiones y denuncias por violencia machista.
Era previsible: quienes estudian el flagelo de la violencia de género aseguran que las agresiones tienden a aumentar cuando las familias pasan más tiempo juntas.
Incluso, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, difundió un mensaje en Twitter a comienzos de abril en el que exhortó a los gobiernos a “poner por delante la seguridad de las mujeres, mientras responden a la pandemia”.
“Muchas mujeres se enfrentan a violencia donde debería sentirse más seguras: en sus propios hogares”, dijo.
Los casos de mujeres golpeadas y abusadas no demoraron en colmar los titulares de prensa: en Estados Unidos, cuando la pandemia apenas llevaba poco más 5000 contagios, la revista Time ya reportaba decenas de casos de abuso y aseguraba que durante la cuarentena las mujeres se encontraban “atrapadas en casa junto a sus victimarios, aisladas de la gente y de los recursos que las podían ayudar a prevenir o combatir la violencia”.
The New York Times reportó que al menos 26 mujeres y niñas habían sido asesinadas en Gran Bretaña hasta el 2 de julio. El medio también señaló que muchas de ellas estaban atrapadas en casa junto a sus victimarios y que sus pedidos de auxilio no habían sido escuchados por las autoridades.
En Cuba, no obstante, las autoridades no están acostumbradas a difundir estadísticas sobre muertes o agresiones a mujeres, lo que impide conocer con precisión si la violencia aumenta o no. Los medios oficiales no informan de estos hechos, lo que reduce su percepción pública y hace creer que el problema no existe.
Tal vez por eso, y pese a las advertencias de la ONU, el gobierno no dispuso de ningún protocolo para prevenir un aumento de la violencia machista. Solo hasta el pasado 21 de julio, cuando el país ya entraba en una fase post pandemia y se ordenaban la apertura de ciertas playas y lugares turísticos, el oficialista Noticiero Nacional anunció la activación de una línea telefónica para que las víctimas de violencia machista pudieran realizar sus denuncias y recibir apoyo psicológico.
“Tras meses de distanciamiento social provocado por la pandemia de la COVID-19 se evidencian manifestaciones de violencia hacia el interior de los hogares que han afectado de manera particular a las mujeres”, señaló el reporte televisivo.
Una pandemia dentro de la pandemia
Como sucede en muchos países, los ataques contra las mujeres en sus hogares son una pandemia silenciosa. Los abusos sufridos durante la cuarentena por la mujer que no quiso denunciar a su agresor solo se hicieron públicos en la plataforma YoSíTeCreo en Cuba.
Aunque existe desde 2019, fue en marzo de este año cuando sus creadoras lanzaron una línea telefónica para dar asesoría legal y psicológica a las mujeres durante la pandemia. Ante la ausencia de datos oficiales, el trabajo realizado por el grupo es de las pocas fuentes que permiten entender qué sucedió en Cuba durante los meses del confinamiento, cuando hubo un incremento de llamadas a la plataforma.
“El problema se agravó en las condiciones de aislamiento, como constatamos en los casos que acompañábamos desde antes”, dijeron en un correo electrónico las activistas, quienes prefieren conservar el anonimato para no socavar sus esfuerzos por ayudar a las víctimas de violencia de género. “Durante esta etapa de la COVID-19, hemos acompañado a 30 mujeres, con edades entre 18 y 70 años de edad, la mayoría de La Habana. La cantidad de personas apoyadas es mayor, pues se atienden, además, a familiares, sobre todo niños y niñas afectados por la situación de violencia”.
Los tipos de violencia atendidos por la plataforma hasta ahora han sido de orden físico, psicológico, policial y sexual, además de un caso de violencia obstétrica (abusos cometidos por personal sanitario durante el embarazo y el parto).
YoSíTeCreo, además, documentó cinco asesinatos en diferentes partes del país ocurridos desde abril. En su página de Facebook, el grupo denunció el homicidio de una mujer embarazada de cinco meses en Güira de Melena, Artemisa, cometido por su marido; otro en Amancio, Las Tunas, perpetrado por la expareja de la víctima, quien asesinó también a sus dos hijas de dos y cinco años; y un tercer hecho ocurrido el 7 de mayo en Cienfuegos en el que una mujer fue apuñalada 17 veces por el padre de una de sus hijas.
Las mujeres estaban en confinamiento con sus parejas y su identidad permanece en el anonimato por disposición de las activistas.
En medios independientes también se reportó otro crimen: una joven de 21 años fue asesinada en Gibara, Holguín, por su expareja, tras haberla amenazado en varias ocasiones. Según reportó CiberCuba, el crimen se produjo en presencia de la hija de ambos.
También en Ceiba del Agua, provincia de Artemisa una mujer fue asesinada por su expareja, un hombre con antecedentes de violencia machista. Mientras, sus dos hijas recibieron lesiones graves.
Los asesinatos pudieron ser más. Ninguno de ellos fue reportado en los medios oficiales controlados por el Estado.
Desde el cuerpo de guardia
En el sistema de salud, algunos trabajadores también han notado un incremento del número de mujeres víctimas de violencia.
Ana es una veterana enfermera del cuerpo de guardia del Hospital “Comandante Pinares” en San Cristóbal, Artemisa, que pidió no ser identificada por su nombre verdadero por temor a represalias.
Expuso que, a través de los informes entregados por los médicos de guardia en las “hojas de cargo”, en los últimos dos meses ha podido apreciar un aumento generalizado del número de pacientes lesionados por disputas domésticas, entre ellos, mujeres golpeadas por sus parejas.
“Hemos tenidos broncas entre hermanos con heridas de armas blancas, entre padres e hijos, marido y mujer”, dijo.
Cecilia, una doctora que trabaja en un policlínico de la zona centro de la ciudad de Santa Clara, expresó una percepción similar. La médica, quien pidió que no se mencionaran sus apellidos por temor a represalias, aseguró que, aunque no tiene estadísticas de la problemática, en los últimos dos meses atendió a cinco mujeres agredidas, un cifra superior a la habitual, según su propia experiencia.
Uno de los casos fue hace unas semanas, cerca de las 10:30 de la noche, cuando una muchacha arribó al policlínico cubriéndose el rostro con una toalla pequeña y se dirigió al cuerpo de guardia, integrado en ese momento por tres médicos y varias enfermeras.
“Había sido una jornada tranquila”, dijo la especialista. “Ella llegó sola, con la cara hinchada.
Cuando se descubrió el ojo, prácticamente no podía abrirlo. Aseguraba a toda costa que se había caído de una bicicleta, pero no vimos la bicicleta, ni otros daños en su cuerpo que indicaran rasguños provocados por el pavimento. Evidentemente, supimos que había sido golpeada por alguien”.
Más tarde, ya en la consulta privada con Cecilia, la mujer confesó que había sido golpeada por su expareja. “Dijo que hacía meses la estaba amenazando, que era dado a la bebida y que se había puesto celoso por una nueva relación que ella había comenzado”.
Igualdad por decreto
Las autoridades cubanas suelen presentar la igualdad de género como uno de “los objetivos principales del proyecto humanista y de igualdad social de la Revolución”, de acuerdo con un estudio oficial sobre el tema publicado en 2016.
Por eso, tienden a considerar cualquier demanda de mayor igualdad como una crítica o ataque a los logros gubernamentales y, por tanto, la obvian.
Esto ha impedido, por ejemplo, la aprobación de una ley contra la violencia de género o cualquier disposición legal que tipifique delitos en contra de las mujeres y las proteja, como ha sucedido en todos los países de Latinoamérica, a excepción de Cuba y Haití.
En el Código Penal cubano no existe ni el feminicidio ni ninguna forma de violencia específica contra la mujer. La legislación no hace distinción en cuanto al sexo de quien comete el delito o de la víctima, excepto en los casos de violación, donde se presupone que quien lo comete es un hombre y la víctima, una mujer.
Sin denuncia no hay justicia
En noviembre del pasado año fue presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud de ley integral contra la violencia de género por 40 mujeres cubanas.
En enero de este año, el grupo recibió la confirmación de que la norma jurídica que demandaba no sería contemplada en el Programa Legislativo del Parlamento, al menos hasta 2028, indicó YosSíTeCreo en Cuba en un post de Facebook.
“Nos enteramos por un comentario de Lázaro Manuel Alonso en un programa de televisión”, dijo la activista feminista Marta María Ramírez. “Ni siquiera por un comunicado oficial de la Asamblea.
No estoy optimista, el Parlamento denota un gran desconocimiento del tema de género. No saben ni siquiera los conceptos elementales”.
Hasta ahora, las mujeres que sufren violencia de género solo pueden denunciar a sus agresores por figuras penales como lesiones, coacción o amenazas. Estos delitos no se investigan de oficio, sino solo cuando los denuncia la víctima o un tutor o si la víctima se encuentra en condición de discapacidad.
“Aún con peligro para la vida, con golpes visibles, mientras el lesionado no ponga la denuncia, no podemos hacer nada”, dijo Cecilia, la médica de Santa Clara. “En los policlínicos es muy difícil que un doctor o doctora realice denuncias en lugar de la víctima. Solo se llama a la Policía para que la remitan hasta el hospital en caso de que la agredida lo pida. Si no hay acusación, no pasa nada”.
Pero las mujeres agredidas no denuncian en muchas ocasiones. A veces, porque desconocen las vías para hacerlo o porque no encuentran instituciones que las asesoren de manera adecuada.
Una encuesta publicada en 2016 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, concluyó que solo cuatro de cada 100 mujeres que aseguran haber sido víctimas de violencia machista buscan ayuda en alguna institución.
El propio vacío legal que las deja desprotegidas y el temor a ser asesinadas o golpeadas nuevamente por sus victimarios condiciona que muchas de ellas no recurran a estas vías.
Este dato no deja en buen lugar a la Federación de Mujeres Cubanas, una organización oficial cuyas dirigentes son miembros del Partido Comunista, y que cuenta con 174 Casas de Atención a la Mujer y la Familia a lo largo del país.
En teoría, estas casas, creadas en 1990, deberían apoyar a las mujeres ante amenazas o hechos de violencia machista, pero en la práctica, se dedican a promocionar cursos de computación y talleres de corte y costura o peluquería.
Las activistas responsables de la plataforma YoSíTeCreo, aseguran que en Cuba no existen instituciones que realmente comprendan y acompañen a las mujeres en este proceso, porque no existen refugios ni proyectos de empoderamiento económico.
De acuerdo con la propia experiencia de estas activistas en casos de violencia machista, “cuando muchas mujeres van a la PNR les dicen cosas como ‘entre marido y mujer nadie se debe meter’ o te cuestionan si vas a denunciar al padre de tus hijos. No existen medidas cautelares hasta que se llega al juicio. La institucionalidad cubana ha perdido credibilidad”.
Según Marta María Ramírez, han sido muchos años de poco reconocimiento por parte de las instituciones estatales y los propios agentes de la Policía hacia la violencia machista.
“De acuerdo con testimonios de mujeres maltratadas sabemos que los agresores continúan en las calles con una multa, y no pasa mucho más”, dijo. “Estamos en un país que se resiste al debate y donde muchas mujeres ni siquiera pueden identificar que están siendo violentadas”.
“Si lo denuncio, me va a matar”
Muchas mujeres cubanas prefieren no denunciar porque dependen económicamente de sus parejas o no sabrían adónde ir si dejan su hogar. Con la llegada de la pandemia y las crisis económica que la ha acompañado esta circunstancia se ha acentuado.
Sentada en la sala de su casa, Tamara Mora, de 33 años, le pide a las niñas que vayan a jugar al patio para poder hablar, aunque advierte que “ellas saben todo lo que pasa” en sus “cuatro paredes” y se encoge de hombros. El padre de una de ellas, la menor, “ha sido alcohólico toda la vida”.
En estos cuatro meses que ha estado confinada en el espacio reducido de su hogar, que consta solamente de tres habitaciones, ha pensado muchas veces en “cortarse las venas”.
“Me ha dado golpes, me ha empujado delante de ellas”, dijo. “Un día me tiró un sartén a los pies con manteca caliente. Esto no es de ahora, esto ha sido siempre. Te estoy contando poco”.
Mora nació en Las Tunas y trabajaba limpiando hostales desde que vino a vivir a Santa Clara con su anterior pareja. “Él no lee la prensa”, dijo. “Pero mejor pon mi segundo nombre”.
Desde que cerraron los aeropuertos la única entrada de dinero mensual es la de su actual esposo, el agresor, que se dedica a arreglar motores de autos. Además de las lesiones reiteradas y el abuso sicológico, Mora se asume también como víctima de un chantaje diario.
“Con los demás, él es un sol”, dice. “Al principio todo era bueno. Esta es su casa y yo no quiero regresar a Las Tunas; ya no puedo regresar. Un día me cortó la mano con un pedazo de hierro porque dice que le contesté en mala forma. Los vecinos se enteraron, pero nadie se mete entre marido y mujer”.
Mora, como otras mujeres agredidas, tiene miedo a morir. “Nunca ha tocado a las niñas, pero ellas lloran mucho cuando lo ven llegar borracho. Si lo denuncio, me va a matar”.
Una de sus vecinas cuenta que ha ido en dos ocasiones a denunciar al sector de la Policía el maltrato hacia esta mujer, cuando ha escuchado gritos y estruendos que provienen de la vivienda aledaña.
Sin embargo, la Policía, que tiene conocimiento de los hechos, le ha explicado que no puede proceder si la víctima misma no hace la denuncia ante las autoridades.
Impunidad en caso de denuncia
A principios de abril, en el programa Mesa Redonda, transmitido por la televisión estatal cubana, varios especialistas del derecho y juristas aclararon que se priorizaría el tratamiento de actos delictivos que guardaran relación con la nueva situación social provocada por la pandemia.
En el punto de mira policial en los tres últimos meses han estado hechos de acaparamiento ilícito de alimentos o productos de higiene, los incidentes de corrupción o desvío de recursos en instituciones estatales o la aplicación de multas para quienes incumplan las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio Salud Pública.
La situación de las mujeres que sufren violencia, no parece haber estado contemplada entre los asuntos penales de urgencia. Historias como la de Mora ponen de relieve la impunidad en la que han quedado muchos de estos casos porque, generalmente a los hombres no los encarcelan aún si existe una denuncia penal.
Karla Velázquez, responsable para Cuba del Instituto Nacional Demócrata, una ONG estadounidense, aseguró que durante el confinamiento las mujeres en la Isla se encuentran doblemente expuestas a la enfermedad y la violencia, y que se han conocido casos de mujeres agredidas en varias ocasiones y que han regresado con su maltratador porque no tienen otras opciones de seguridad y vivienda.
“No hay justicia con los maltratadores”, dice Velázquez. “No hay una penalidad que resguarde a la mujer de eso. Esto ocasiona que las mujeres tengan que someterse a esos maltratadores. Hay todo un sistema que no castiga a la violencia y que, incluso, la protege con total impunidad en un momento de riesgo, que aumenta con esta contingencia sanitaria”.
A pesar de esta desprotección, en un momento en el que las escuelas están cerradas y las colas para conseguir productos básicos se han alargado, sobre las mujeres recae gran parte del peso del trabajo doméstico. Muchas están obligadas a cuidar de sus hijos mientras se reinicia el curso escolar.
A diario, y en las colas para hacer las compras en las tiendas recaudadoras de divisa, se perciben mayor cantidad de mujeres que hombres. Suelen ser ellas también sobre quiénes recae el recae el cuidado de los ancianos.
Muchos centros laborales disminuyeron las horas y sesiones de trabajo de sus empleadas con hijos a dos o tres días a la semana, algo que no ocurrió con los hombres. Para los gobernantes y para quienes la igualdad de género es uno de los grandes logros de la Revolución, la mujer sigue siendo quien debe permanecer en casa.
