“Nadie puede decirte qué poner en tus redes sociales o con qué estar de acuerdo y con qué no”, así piensa la cubana Yohana Arronte sobre el Decreto-Ley 370 o Ley Azote, denominada así por activistas opositores en Cuba debido a su contenido contrario a la libertad de expresión y prensa.
“¿Qué se esconde tras esta ley? La respuesta es fácil: callar al pueblo. Y poner multas de hasta 3000 pesos a quien ponga en su Facebook aunque sea una foto de una cola. En cualquier país del mundo esto no existiría porque hay libertad de expresión”, declaró.
Comenta Arronte que la ley, en su inciso i, habla de lo que está prohibido: “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. A su juicio eso es tener un atraso “de casi mil años”.
El Decreto-Ley 370 o Ley Azote, entró en vigor el 4 de julio de 2019, pero no fue hasta enero de 2020 que comienzan a hacer públicos sus efectos: periodistas independientes amenazados, persecución contra intelectuales y activistas. Expertos consideran que Cuba vive la ola represiva más grave desde la Primavera Negra de 2003.
Entre enero y mayo de 2020, un total de 21 periodistas, comunicadores, activistas, disidentes y ciudadanos cubanos han sido azotados en virtud de esta disposición legal, y al menos una docena de personas han sido amenazadas con sus castigos. La aplicación de la norma conlleva una multa de 3 000 pesos (120 dólares) y el decomiso de equipos de trabajo, en este caso los teléfonos celulares y ordenadores.
El 6 de mayo organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado su preocupación y repudio respecto a la persecución de periodistas y actores independientes en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.
El Decreto-Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Esta cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe este derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por Cuba en 2008, pero que no ha ratificado.
