* Por Liz Érika Zaldívar
Iliana Vidal Elías lleva dos años en medio de un litigio con el cuerpo de inspectores de La Habana. Fue víctima de una red de corrupción tejida por quienes deberían velar por el cumplimiento de la ley. Tuvo que participar del juego para obtener información, pero ella quiere llegar al final, no le interesa que también tenga que pagar por el cohecho, solo exige justicia.
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En febrero de 2017 Iliana se encontraba vendiendo en las cercanías del populoso teatro Carlos Marx. Era su espacio habitual. Ella como tantos otros vendedores ambulantes eligen lugares a los que concurre mucho público, y los fines de semana el teatro de los grandes acontecimientos en Cuba es el escenario perfecto para tener buenas ventas.
“Ese día era como otro cualquiera –contó Iliana- hasta que llegó otro vendedor y me dijo que se estaba recogiendo dos CUC por persona para pagarle a los inspectores que estaban en el área para que nos permitieran vender. Por supuesto que me negué. Al otro día se acercaron a mí los inspectores, (no puedo asegurar que fueran los mismos) y trataron de multarme; pero no me dejé multar”.
Iliana es actriz de profesión, pero por razones económicas, desde hace algún tiempo se dedica a vender productos elaborados. Tiene licencia, por eso no admitió que la chantajearan, no quería pagar por algo a lo que ya tenía derecho. Unas semanas después de que ocurriera el hecho, ella le plantea al Jefe de Consejo de la Administración Municipal de Playa lo que estaba pasando y evidentemente fue peor, porque este los alertó: los inspectores fueron contra ella.
Pero no se rindió y denunció lo que estaba pasando. La carrera de obstáculo recién comenzaba; porque realizar cualquier reclamación en Cuba lleva consigo tener paciencia, ser perseverante y no perder la cordura.
“Fui a hacer la denuncia a una unidad de policía y me dijeron que no procedía porque no tenía los nombres de los inspectores. Estábamos ya en diciembre. Casi que me era imposible trabajar, entonces decido entrar en el juego para saber quiénes eran los que pedían dinero; pero eso solo lo hice por tres meses, en marzo de 2018 le comunico a Valentina que ya no quería seguir pagando”.
Nuestra entrevistada confesó a ADN CUBA que ese mismo día, el 25 de marzo, fue interceptada por los propios inspectores y la obligaron a pagar. Lo hizo bajo presión.
En una de las acusaciones que realizó en las oficinas de la policía alegó que no mentía, que podían verificarlo porque cuando les pagó a los inspectores las cámaras de la calle 1era y 10 registraron el hecho. Pero nadie buscó el video, nadie procesó la denuncia, nadie investigó.
El 6 de mayo hicieron un operativo en el Carlos Marx contra la indisciplina social, porque debido a que aumentaron los vendedores que desde cualquier parte llegaban, con o sin licencia, pero con los dos CUC para pagar, se había creado un clima inapropiado como imagen para el Teatro.
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“Cuando hicieron el operativo caí en el mismo círculo que los que estaban ilegales. Le pregunté a los encargados de la operación que por qué arremetían contra mí si ellos me conocían y me dijeron que cuando hacen ese tipo de cosas es contra todo el mundo”.
A Iliana la trasladaron para la Dirección Integral Supervisión (sede del cuerpo de inspectores) del municipio Playa. Allí le decomisaron todo: la mercancía, el carrito de vender, le pusieron una multa de tres mil pesos y le retiraron la licencia.
“Creo que se pasaron un poco, no se puede arremeter con todas las medidas contra una misma persona sobre todo cuando yo nunca había cometido ninguna indisciplina”.
“La directora de esa oficina me amenazó y me dijo que si yo hablaba iba a ir presa, que por haber pagado un tribunal me podía sancionar de uno a tres años de privación de libertad. Claro que me callé. Pensé en ir a otro sitio que sí me hicieran caso y velaran por mis derechos”.
Y en busca de esos derechos civiles, el 8 de mayo fue al Consejo de Estado justo al área de Atención a la Ciudadanía. Ahí le dijeron que su caso tenía que ser resuelto en el Gobierno Municipal de Playa.
“Me entrevisté con la vicepresidenta de Control y Fiscalización. Ella me atendió y me dijo que para analizar mi queja yo necesitaba testigos. Yo se lo dije a tres de los que estaban en mi misma situación, se enteraron más personas y al final se presentaron como testigos 13 cuentapropistas”.
Pero las cosas no salieron como Iliana pensaba, o por lo menos no como debían ser. A los testigos le tomaron la declaración, todo fue anotado debidamente, y cuando ya no tenían escapatoria, María de los Ángeles, la vicepresidenta, aprovechó y los amenazó a todos, dijo que como ellos habían pagado entonces ahora también habían cometido una violación y se habían convertido en cómplices, que habían incurrido en cohecho.
No todos estaban dispuestos a seguir en la pelea por resolver el problema. Muchos de ellos eran el único sustento de su familia y no podían permitir que la denuncia se convirtiera en un problema mayor que imposibilitara seguir trabajando y menos querían entrar en una investigación que no terminara feliz y que conllevara a la privación de libertad.
La acusadora principal casi que se quedó sola. De todos los testigos, solo dos no habían pagado y fueron los que se mantuvieron con ella. Entre ellos Felicia Rivero, quien se ha convertido en la escudera de esta mujer enquijotada que no le teme a los molinos.
Felicia hace más de 25 años que es vendedora ambulante, ella siempre ha tenido sus papeles en orden, por eso entiende a Iliana, no quiere que los “inspectores delincuentes” se salgan con la suya e impidan el trabajo de personas honradas que, lejos de hacer daño, aportan a la economía del país.
Pero esa batalla ya lleva dos años. Dos años de espera, de maltratos, de excusas para no investigar el caso, dos años en los que seguro otros inspectores han cobrado el “derecho a trabajar”, como mismo lo hicieron con Iliana. Tiempo suficiente para que crezca y se fortalezca la red, porque es una red, hay que llamarlo por su nombre: unos se escudan tras otros e intentan quitarse el problema de encima involucrando a otros factores.
“Yo he sentido miedo -confiesa Iliana- pero no me rindo. Yo voy a seguir hasta el final porque quiero que se cumpla la justicia, quiero acabar con la red de malhechores que impiden el trabajo digno de unos cuantos para enriquecerse a cuenta de nuestros esfuerzos”.
Mientras tanto Iliana sigue con sus papeles a cuestas, tiene cada uno de los documentos que prueban su paso por cada delegación, por cada oficina de fiscalización, tiene la evidencia de cada multa que le fue impuesta, las cartas de reclamos que emitió al Consejo de Estado, y tiene aún la esperanza de que algún día se haga justicia.
