La Habana, 6 mar (EFE).- Las detenciones por motivos políticos en Cuba subieron a 310 en febrero en comparación con las 144 de enero, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) en su informe mensual publicado este miércoles.
Según el grupo disidente, antes del referendo celebrado el pasado 24 de febrero para refrendar una nueva Constitución, tuvo lugar una "gran movilización" de las fuerzas policiales y parapoliciales, capaces de ejercer "represión preventiva e intimidación" sobre los ciudadanos clasificados como desafectos o no simpatizantes del gobierno cubano.
Asimismo, cita como dos nuevos casos de presos políticos los de Yasser Rivero Boni, de La Habana, y Salvador Reyes Peña, de la provincia de Matanzas, arrestados en la capital cubana en los días 10 y 16 de febrero respectivamente e internados en prisiones de alta seguridad.
En su lista de presos políticos actualizada el pasado diciembre, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que encabeza el conocido opositor Elizardo Sánchez citaba entre 130 y 140 personas internadas en alguna de las 150 prisiones y campos de internamiento que -asegura- están actualmente operativos en la isla.
En el nuevo balance mensual de la CCDHRN también denuncia "48 actos de hostigamiento (un concepto que se refiere básicamente a amenazas) y 12 agresiones físicas", acciones represivas que habrían sido ejecutadas u orquestadas por la policía política del país caribeño.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que es el único grupo que registra este tipo de incidentes dentro de la isla, contabilizó el año pasado un total de 2.873 detenciones que considera arbitrarias, en su mayoría de carácter temporal, para un promedio de 240 por mes.
En febrero de 2018 ocurrieron 347 arrestos a disidentes en la isla caribeña, 37 más que las cuantificadas por la organización opositora en el mismo mes de este año.
El Gobierno de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel, no reconoce a la disidencia interna al considerarlos "contrarrevolucionarios" o "mercenarios" al servicio de intereses de potencias extranjeras como EE.UU., niega que en las cárceles de la isla existan presos políticos y sostiene que se trata de delincuentes comunes.
