La policía de la ciudad de Nasipit, en Filipinas, disparó a un hombre de 63 años por romper órdenes de higiene contra COVID-19, mientras el anciano visitaba un puesto de control del coronavirus y lo regañaron por no llevar máscara facial.
Según el informe de la policía, el sujeto se molestó, dijo palabras provocativas a los policías y terminó por atacar al personal con una guadaña, en la provincia de Agusan del Norte.
Se dice que el sujeto podía estar bajo los efectos del alcohol en esos momentos y que había sido alertado por un profesional de la salud sobre el uso de la mascarilla. La escena terminó en tragedia cuando le disparó un policía que intentaba calmarlo.
Todo esto después de las declaraciones de Rodrigo Duterte, presidente del país, que ordenó disparar a quien no cumpla con las órdenes de la cuarentena, convirtiéndose esta en la primera muerte de un civil a causa de violar las restricciones para frenar el coronavirus en aquel país.
“No dudo. Mis órdenes son para la Policía y el Ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, aseguró el jefe de estado en un discurso televisado.
La isla principal de Filipinas, Luzón, se mantiene en cuarentena desde el 16 de marzo pasado, prohibiendo a los habitantes que abandonen sus hogares excepto por viajes esenciales a comprar alimentos o medicamentos, a no ser los trabajadores de servicios esenciales.
Otras provincias han adoptado sus propias restricciones con el objetivo de evitar la propagación de la COVID-19, en un país que supera ya los 3 mil casos y los 140 fallecidos.
“Sin esas restricciones, esto no tendrá fin”, dijo Duterte en una alocución pública el fin de semana. “Así que, si usted no quiere seguirlas, entonces yo lo ultimaré para proteger las vidas de los inocentes que no quieran morir”.
Amnistía Internacional se ha quejado del hecho de que líderes autoritarios en todo el mundo, como Duterte, han aprovechado el contexto de la pandemia del coronavirus para silenciar críticas y disensos.
“Esta es una crisis sanitaria sin precedentes, pero el presidente Duterte se está enfocando en atacar las libertades de expresión y reunión”, dijo Butch Olano, director de Amnistía Internacional en Filipinas.
El gobierno comenzó a distribuir una asistencia monetaria a las familias pobres y los trabajadores afectados por el cierre, pero han surgido muchas quejas por la demora en las entregas de la misma, en especial la entrega de alimentos.
Días atrás en Manila la policía debió arrestar a 21 residentes de un barrio pobre, luego de que una multitud se aglomerara a las afueras de sus hogares a causa de un rumor de que la asistencia monetaria y alimenticia sería distribuida.
