El antecedente de la Carta Democrática Interamericana es Fujimori, en tanto legado de autoritarismo, corrupción y colapso institucional. Se supone que América Latina deseaba evitar que otros países en la región enfrentaran una situación de esas características.
“El rol de Fujimori fue decisivo”. La situación de Perú con Fujimori fue clave para inspirar la Carta y, con ella, evitar la ruptura del orden constitucional en otros países de América Latina, describió Héctor Schamis, profesor de Georgetown University.
Schamis acudió el pasado jueves 30 de septiembre al Museo Americano de la Diáspora Cubana (Coral Gables, FL). Lo hizo como académico y, también, en representación de Luis Almagro, al ser asesor del secretario general de la OEA. Allí reflexionó y analizó los 20 años de la Carta Democrática Interamericana.
“Fujimori fue un pionero de lo que hoy es costumbre”: Cambio institucional y constitucional, a medida de quien ejerce el poder para perpetuarse en él, autogolpe, golpe judicial, golpe parlamentario, violaciones de los derechos humanos, eliminación de los límites al poder, describió.
No obstante, después de Fujimori, emergieron otros populismos, entre ellos, el chavismo, con el ascenso de Hugo Chávez al poder tras ganar la elección de 1998.
Y, como se ha podido ver en dos décadas, los efectos del chavismo saltan a la vista. “Chávez le hizo trampa a la democracia”, diseñó su propia Constitución y cooptó todas las instituciones del Estado.
No hubo contención a su desmedido abuso de poder. “La reelección indefinida es monarquía absolutista”, puntualizó el experto.
La OEA, recordó Schamis, “es un club de presidentes que impide la aplicación de la Carta Democrática” y que minimizan las alertas sobre posibles quiebres institucionales en los países miembros de la OEA.
A todo ello se sumó el papel del ex secretario José Miguel Insulza, al frente de la OEA, para desdibujar el rol de la Organización de Estados Americanos en defensa de la democracia y, también, para hacer inaplicable la Carta.
“Que la norma no se cumpla, sin embargo, no significa que haya que eliminar la norma”, abundó Schamis. “Pensemos en un mundo multilateral sin OEA y con CELAC”, ironizó el académico, cuando el auditorio aún tenía las imágenes frescas que brindaron días atrás, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel.
“La Carta Democrática es la Constitución de las Américas”, dijo el secretario de la OEA, Luis Almagro y, efectivamente, lo es, añadió Schamis.
La democracia liberal, en tanto forma de llegar al poder y forma de ejercer el poder, es la que define la Carta. No se habla de democracia ‘participativa’ ni se usa otro adjetivo de los que emplean los regímenes autoritarios.
Todos los Estados parte avalaron libremente la democracia representativa con todo lo que esta implica, en tanto separación de poderes, límites al poder, respeto de la Constitución, universalidad de los derechos humanos y cumplimiento de los tratados de derechos humanos vinculantes en el Hemisferio, explicó Schamis.
Si todos avalan la Carta, “¿Cuántas democracias hay en la región?”, cuestionó. “La aplicación de la Carta Democrática implica cesión de soberanía”, delegación de soberanía que en América Latina se ve bajo un razonamiento a la luz del siglo XVII, incluso cuando todo este enfoque cambió desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, afirmó.
Existen la reciprocidad y los incentivos para delegar soberanía en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sin embargo, el discurso de la no intervención, la no injerencia y la soberanía viene a ser un rasgo típico de las ‘familias autoritarias’ para evitar la fiscalización internacional. La Carta Democrática es vinculante, no es una simple recomendación, indicó Schamis.
El académico refirió los elementos centrales que estructuran la democracia liberal representativa y los contrastó con la realidad precaria de los sistemas políticos latinoamericanos en su gran mayoría.
Siguiendo la lógica argumentativa de Schamis, al comentar con quienes siguieron las presentaciones, respecto al accionar de los gobiernos en la OEA, algunos académicos y activistas sumaron y añadieron elementos y comentarios.
Recordaron que indistintamente del signo ideológico, más a la derecha o más a la izquierda, desde Hugo Chávez hasta Álvaro Uribe, pasando a Rafael Correa y a Evo Morales, incluso a Iván Duque o a Nayib Bukele, en tiempo más reciente, han acudido a la defensa de la soberanía nacional para eludir compromisos hemisféricos en materia de derechos humanos y de libertades, argumentando nociones particulares y definiciones limitadas de los derechos humanos opuestas a lo descrito por Schamis.
Todos los citados han tenido excesos de poder y situaciones claras de cooptación de los poderes, a diferentes niveles. Y todos, a excepción del presidente Duque, han cambiado la constitución para reelegirse. El déficit democrático excede las ideas políticas, las tendencias y las corrientes de pensamiento de los líderes políticos de la región.
Todos los liderazgos autoritarios han tratado de debilitar el Sistema Interamericano para devolverle a los Estados un aura de tipo confesional.
Hay cierta tendencia y deseo de retornar a sistemas extemporáneos, otrora Estados confesionales con sus estructuras y comunidades de tipo orgánico y formas de dominación colectiva de tipo tribal, dispuestos a avasallar al individuo y a recuperar el control sobre las decisiones individuales.
Vivimos en sociedades modernas pero la lucha por la libertad individual frente al avance de los Estados y gobiernos sobre los individuos debe ser una constante.
A diferencia de la dictadura comunista de Cuba, un totalitarismo del siglo XX latinoamericano, lo que han demostrado los gobiernos autoritarios y las dictaduras de la América Latina del siglo XXI, es que la libertad puede perderse incluso a través de las urnas, concluyeron las fuentes consultadas.
En años recientes, los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay, como antes lo hicieran los gobiernos del bloque ALBA, aludieron a cuestiones de soberanía para tratar de disminuir la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Buscaron recuperar la soberanía que libremente habían cedido al SIDH.
En 2019, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, dirigió una carta al presidente de Colombia Iván Duque, indicando que: “La resolución (de Santiago) pretende ejercer presión indebida ante el Sistema Interamericano de DD.HH., para delimitar gravemente sus funciones e introducir consideraciones políticas en las decisiones de los órganos de control”.
Tras la declaración de Santiago, firmada por los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay, Vivanco respondió: “Quienes gobiernan hoy no han aprendido a mirar las lecciones que da la historia de América Latina, que es de oscilaciones ideológicas permanentes, donde quienes gobiernan hoy pueden necesitar concurrir a un sistema (de DDHH) porque son objetos o víctimas de persecución por parte del próximo gobierno”
