Un juez federal estadounidense bloqueó la política del Gobierno del presidente Donald Trump que obliga a quienes piden asilo a esperar la respuesta en un tercer país, porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y los procedimientos para cambios en las reglas.
Bajo esa política, desde el año pasado, el Gobierno estadounidense ha enviado a México y a Centroamérica a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera solicitando asilo.
El juez de Washington DC Timothy Kelly, designado para la magistratura federal por Trump en 2017, dictaminó que la ley permite que toda persona que entre a Estados Unidos y pida asilo tenga una audiencia para alegar los motivos por los cuales huye de su país natal.
"La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí", dijo en una declaración Sharon Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.
Añadió que "lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fe y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas".
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Kelly, en un fallo de 52 páginas divulgado la noche del martes, añadió que el Gobierno, al imponer la regla de "tercer país", no cumplió con la ley de procedimientos que requiere que se dé a la ciudadanía tiempo y oportunidades suficientes para presentar sus opiniones sobre las modificaciones a las reglas federales.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, "se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo".
El fallo puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses está de hecho cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19.
Desde mediados del 2019, la Administración Trump presionó a varios Gobiernos de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) para que se convirtieran en “terceros países” seguros, a donde serían enviados los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos afirmaron en su momento que ninguno de los países ofrecía las mínimas condiciones para convertirse en un tercer país seguro.
México también fue obligado a aceptar el Protocolo de Protección al Migrante (PPM), mejor conocido como “Permanezcan en México”, bajo la amenaza de que si no lo aceptaba EE. UU. impondría más gravámenes a varios productos importados de esa nación.
El dictamen del juez federal es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes, pocos días después de que el Tribunal Supremo decidiera que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
El máximo tribunal del país consideró que la decisión de poner fin a DACA, como es conocido el programa, fue "arbitraria y caprichosa".
