Policías y militares del régimen de Nicolás Maduro cometieron 472 ejecuciones extrajudiciales en los tres primeros meses del 2021, según una investigación de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, publicada este jueves 20 de mayo.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla, informaron que enero fue el mes más violento con 228 casos. Destaca la “masacre de La Vega”, en Caracas, un hecho ocurrido entre el 8 y 9 de enero donde se reportaron 23 muertes por un operativo conjunto de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El municipio Libertador es el que más presuntas ejecuciones extrajudiciales registró en la capital durante los primeros 30 días del año, con 33 víctimas.
La investigación publicada por Provea, encontró que en febrero hubo un descenso con 113 casos, mientras que con 131 se registró un ligero repunte en el mes de marzo.
Régimen “cambia” roles asesinos
El CICPC fue el cuerpo policial más letal, con 65 ejecuciones, para un total de 13.77%, 45 casos solo en enero. Por el contrario, se reporta un descenso de las acciones fatales de las temidas FAES, con sólo 56 ejecuciones durante el primer trimestre.
“Aunque se mantiene la letalidad como política, la táctica del Estado venezolano ha sido la de relevar a un cuerpo por otro en la ejecución de dicha política, sustituyendo a las FAES por el CICPC. Se trata de un cambio de 'cara visible' de las actuaciones letales cambiando un cuerpo policial por otro”, consideran las ONG.
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En el segundo puesto de más letalidad aparecen las policías regionales con 187 víctimas, pero con más casos en su conjunto. De estas, la policía regional del estado Zulia sobresale con 58 registros y la del estado Carabobo con 47.
La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como Zulia y la central. Durante este periodo investigado “asesinaron a 109 y 107 personas, respectivamente”, según la investigación de Lupa por la vida, con el apoyo de Provea.
Jóvenes y pobres, los objetivos de la policía chavista
Según el informe, “continúa el patrón de la mayoría de las víctimas siendo jóvenes hombres con edades entre 18 y 30 años”, otro de los patrones que se mantiene en la política de “seguridad ciudadana” del régimen chavista.
Además, los “sectores populares” o pobres continúan como blancos seleccionados por los cuerpos policiales y militares de Venezuela, para la ejecución de estos procedimientos.
Según Provea, la policía del régimen de Nicolás Maduro insiste en políticas de “mano dura” que según la ONG “han demostrado no contribuir para nada a disminuir los delitos, sino que llevan a más sufrimiento para las comunidades. La violencia de la delincuencia y de las fuerzas del orden público hacen la vida mucho más difícil y riesgosa para los más pobres”.
Provea señala “la ausencia de investigación y castigo a los culpables por parte del sistema de justicia venezolano”.
