Este lunes 3 de febrero familiares de presos políticos protestaron en Caracas con el fin de exigir que el gobierno de Nicolás Maduro permita la entrada de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que tiene planeado llegar al país la mañana de este 4 de febrero.
Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Cost -quien se encuentra desde hace meses en el Hospital Militar por una infección causada por la mordedura de una rata- hizo un llamado a Nicolás Maduro a que no le cierre las puertas a la delegación que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), a propósito del anuncio que hizo el canciller Jorge Arreaza en la que advirtió que la visita de la CIDH no estaba autorizada.
Ana María hizo énfasis en que en Venezuela no hay respeto por los derechos humanos y eso se debe conocer. “Nicolás Maduro dice que aquí hay respeto, que todos los ciudadanos son libres, pero eso es mentira. A mi hermano lo han sometido a tratos crueles e inhumanos. Tiene una cautelar, y ahí sigue preso, en un hospital enfermo, pero preso”.
Otra de las familiares de los presos políticos venezolanos que decidió alzar su voz fue la madre del primer teniente del Ejército, Alberto Maita. La mujer denuncia que su hijo fue detenido el pasado 12 de febrero de 2018 luego de ser señalado como cercano al expiloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, quien fue asesinado en un operativo militar y policial el 15 de enero de 2018 junto a otras seis personas.
La madre del primer teniente Maita explicó que “madres, esposas, hijas de los presos políticos también nos encontramos presas. Todos los días sufrimos un dolor inexplicable. No hay nada como tener a tu hijo preso siendo inocente. Mi hijo ya tiene el 75% de su pena cumplida, y ya puede optar por un beneficio, pero el gobierno no quiere”.
Por su parte, el padre del diputado Juan Requesens, quien también se llama Juan Requenses, indicó que su hijo el próximo 7 de agosto cumplirá dos años de estar en una celda en la sede del Sebin de El Helicoide.
Requesens manifestó nuevamente que su hijo es inocente de lo que se le acusa, y para él la visita de la comisión de la CIDH es una oportunidad más para visibilizar las violaciones de los derechos humanos a escala internacional.
Desde 2003, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no visita Venezuela.
Maduro en las últimas cadenas de radio y televisión comentó que el gobierno que representa no ha invitado a la Comisión; hasta el momento, esta delegación representada por la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli no tiene seguridad de ingresar al país, y aunque la tarde de este 3 de febrero ya hicieron pública su agenda, no han dado detalles de los sitios que usarán para reunirse con los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Humberto Prado, comisionado de derechos humanos del gobierno de Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente por más de 60 países, indicó que la comisión de la CIDH cuenta con el aval del también presidente de la Asamblea Nacional para ingresar al país. Indicó que la visita de Arosemena, Abrao y Eguiguren es una oportunidad para las víctimas de exponer directamente sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y en qué nivel se encuentran las investigaciones.
ONG venezolanas exigen que Maduro permita la entrada de la CIDH
Un día antes de la llegada de la comisión de la CIDH a Venezuela, el presidente de la comisión Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente,Saúl Ortega indicó: "No van a ingresar, esto es un Estado serio ya lo dijeron las autoridades y punto. Se quedarán con las ganas. No va a entrar, nosotros no pertenecemos ya a la OEA, hace rato nos fuimos. Aquí no tiene nada que buscar, nosotros estamos alineados con el derecho internacional y a los organismos que pertenecemos, a esos les rendimos cuentas, y me refiero al Consejo de DDHH de la organización de Naciones Unidas".
Ante estas declaraciones organizaciones dedicadas a promover la defensa de los derechos humanos han salido en respuesta. Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad indicó: “Si Maduro no deja entrar a la Comisión de la CIDH a Venezuela, Maduro probaría una vez más que vivimos una dictadura y que se vulneran los derechos humanos de los venezolanos”.
Otra de las ONG que se han manifestado es Espacio Público, dedicada a defender la libertad de expresión. En un tuit la asociación afirmó: “Si el Estado no permite la entrada de la delegación de la CIDH, víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela pierden la oportunidad de contar cómo sucedieron los hechos y de visibilizar la actuación de funcionarios que vulneraron sus derechos”.
