La vicepresidenta de Nicaragua y primera dama del país, Rosario Murillo, calificó de “terroristas”, “urracas” y “criminales” a los periodistas del país por criticar a su gobierno debido a la represión política en el país.
“Hay que protegerse también de esas urracas parlanchinas cuyas plumas están llenas de odio, porque rezuman odio. Así los vemos, y así los repudiamos”, afirmó Murillo el 27 de junio en declaraciones al Canal 4, propiedad del régimen.
“Todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente (...). Siempre están queriendo instalar temor”, advirtió. “Y nuestro pueblo sabe cómo mienten. Nuestro pueblo sabe cómo son de malignos, de hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas, y terroristas de la comunicación también”, agregó.
“Son espacios de destrucción masiva” que “tienen una sola perspectiva, un sólo enfoque imperialista y colonialista y que responden a los intereses y a los designios de los colonialistas y los imperialistas”, continuó con sus acusaciones.
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más criticó este “atropello al máximo nivel” a la libertad expresión y de prensa en Nicaragua. “Exhibe el carácter inhumano de su régimen”, recalcó Carrión, citado por el portal Confidencial.
En diciembre pasado, el régimen sandinista aprobó una polémica ley que criminaliza a la prensa y la oposición, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
La legislación cataloga de “traidores a la patria” a todos los desafectos al régimen orteguista. Entre los candidatos a la presidencia para las elecciones de noviembre había dos periodistas, Cristiana Chamorro y Miguel Mora.
Además de ellos, cayeron víctimas de la represión Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quienes habrían disputado el máximo cargo político del país a finales de año.
Las más notorias figuras arrestadas por el régimen de Ortega (Fuente: Infobae)
Ola represiva en Nicaragua
Hasta ahora se registraron 21 personas, entre políticos y periodistas independientes, que fueron detenidos en la última oleada represiva.
En todos los casos la Policía informó que se los investiga por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.
También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.
El pasado 15 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó las detenciones y las calificó de violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Por otra parte, Estados Unidos se prepara para aumentar las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y sus allegados a través de la nueva Ley Renacer aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Las detenciones de opositores se dan a menos de cinco meses para las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.
