El aspirante a la presidencia de Nicaragua Miguel Mora fue arrestado el domingo 20 de junio para ser investigado por “delitos contra la soberanía”, el quinto arresto de un candidato presidencial en el país centroamericano durante el último mes.
Mora, quien también es periodista, fue detenido bajo el supuesto de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, con base en una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores.
El canal de televisión digital 100% Noticias, que Mora dirigió hasta 2020, confirmó que agentes policiales allanaron la vivienda del comunicador y de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, situada en un sector al sureste de Managua, la capital.
El comunicador era precandidato a la presidencia por el Partido de Renovación Democrática (PRD, evangélico) al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de las elecciones del 7 de noviembre.
Con Mora, son 17 los opositores detenidos, de ellos, cinco precandidatos a la presidencia, a cinco meses de los comicios generales, en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo.
La redada policial contra opositores inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, quien según los sondeos era la más popular de los postulantes y potencial rival de Ortega en noviembre. Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de una fundación con el nombre de su madre.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
En todos los casos la Policía informó que se los investiga por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.
También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.
El pasado 15 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó las detenciones y las calificó de violaciones flagrantes de los derechos humanos.
