El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) votó este 15 de junio una resolución en la que condena el arresto de candidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua.
En una reunión virtual, el máximo órgano de poder de la organización aprobó el documento en el que expresó su “alarma ante el reciente deterioro” político en el país centroamericano y exigió la liberación de los presos políticos.
La votación, sin embargo, no fue unánime: 26 países se pronunciaron a favor de condenar los atropellos de Daniel Ortega, tres votaron en contra y cinco se abstuvieron.
Los países que votaron a favor de la resolución son El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica.
En contra votaron Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Bolivia. Se abstuvieron Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica.
El texto subrayó la renuncia de las autoridades nicaragüenses a implementar las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios del 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.
La delegación nicaragüense repudió durante la sesión la aprobación del texto, al considerar la acción del organismo internacional de “injerencista”.
“A menos de cinco meses para elegir a un nuevo presidente, debemos unirnos para demandar a las autoridades nicaragüenses la liberación inmediata de los presos políticos, de los líderes políticos y sociales, garantizando su seguridad, sus derechos políticos, y su integridad física”, indicó la embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano.
Estados Unidos, por su parte, consideró “impensable” la posibilidad de celebrar “elecciones libres y justas en esta atmósfera” de persecución y represión.
La sesión extraordinaria de forma virtual fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Brasil expresó su “satisfacción” por la aprobación de la resolución.
La resolución se dio poco después de que el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fuera detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del régimen de Daniel Ortega.
En menos de dos semanas, el régimen detuvo a 13 dirigentes opositores: los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, dos ex vicecancilleres, dos ex guerrilleros sandinistas disidentes y tres mujeres líderes de diferentes grupos adversarios del gobierno.
En todos los casos la Policía informó que se los investiga por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.
También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.
