Managua, 7 oct (ADN CUBA).- Al menos 139 presos políticos permanecen en las cárceles de la “dictadura” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes los usarían como “moneda de cambio” en caso de que se reanuden las negociaciones suspendidas a mediados del año, informó este martes El Confidencial.
Los 139 reos permanecen en prisión aun cuando ya pasaron casi cuatro meses de la aprobación de la “autoamnistía orteguista", el pasado 8 de junio, y la última liberación masiva de manifestantes y líderes de la protesta.
El medio de comunicación dijo que el 11 de junio, bajo esa ley de amnistía, fue excarcelado el último grupo de reos políticos, que incluyó a los principales líderes de la protesta cívica y rostros de la resistencia “contra la dictadura”.
Entre los liberados había campesinos, estudiantes, periodistas y miembros de las expresiones de la sociedad civil que se organizaron para demandar justicia, democracia y libertad, en respuesta a la masacre contra la Rebelión de Abril, detalló El Confidencial.
Agregó que casi 80 presos políticos no fueron excarcelados con este grupo.
“A ellos la dictadura los acusa de ser delincuentes comunes, vinculándolos principalmente a supuestos robos y narcotráfico, que según sus familiares y organizaciones de derechos humanos se trata delitos fabricados para mantenerlos en prisión”, detalló el medio de comunicación.
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Desde entonces, agregó, menos de una docena fueron liberados en los meses posteriores, pero la lista aumentó a 139 porque el régimen no ha parado las detenciones ilegales “ni la cacería” contra los manifestantes.
“Incluso, al menos nueve excarcelados han sido arrestados nuevamente, entre junio y septiembre de este año, acusados por nuevos delitos, dijo El Confidencial.
Se trata de Bryan Cruz Calderón y Kevin López Aróstegui, de Estelí; José Gómez Vanegas y Róger Gutiérrez Díaz, de Masaya; Jorge Luis López Mendoza, de León; y Francisco Hernández Morales, Fernando Ortega Alonso, Richard Saavedra Cedeño y Jaime Navarrete Blandón, de Managua.
Además, Navarrete, recapturado el 24 de julio, ya ha sido condenado por la justicia orteguista, y sus familiares han denunciado su estado crítico de salud, por fracturas en las costillas y nariz tras palizas durante su detención y estadía en prisión, donde ha sido objeto de torturas físicas y sicológicas.
Nueve de los reos políticos que aún están en prisión fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía, que fueron recapturados entre junio y septiembre de 2019. De ellos, seis tienen causa abierta por nuevos delitos, dos permanecen detenidos sin un proceso judicial y uno de ellos, Jaime Navarrete, ya ha sido condenado.
Uno de los 139 presos políticos es una mujer. Se trata de María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante universitaria originaria del municipio de Belén, en Rivas. Ella fue capturada durante un plantón en Catedral de Managua, el 13 de junio de 2019.
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Mientras, 64 presos políticos ya han sido condenados por supuestos delitos comunes; otros 48 tienen una causa judicial abierta, que en la mayoría de los casos han tenido juicios o audiencias reprogramadas o pospuestas sin ninguna justificación.
En tanto que 19 reos políticos permanecen detenidos en cárceles de la dictadura, aunque no hay una acusación formal en contra de ellos o no hay ninguna causa judicial abierta.
Desde el 18 de abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica, a partir del levantamiento ciudadano contra el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes sofocaron las manifestaciones con la fuerza policial y militar.
A finales de septiembre, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó un listado preliminar de los reos políticos que permanecen en prisión, según datos confirmados hasta el pasado 23 de ese mes.
La Alianza detalló que la información fue sistematizada por un grupo interdisciplinario que se basó en datos de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, redes territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de presas y presos políticos, excarcelados, abogados, defensores de derechos humanos y denuncias ciudadanas.
En la lista se incluyen: excarcelados que han sido capturados nuevamente “como parte de la persecución política y acusados de nuevos delitos”.
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Además, presos políticos que permanecen en prisión tras la última excarcelación masiva, personas reportadas como desaparecidas y nicaragüenses que han sido reportados como víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, pero cuya información o ubicación está pendiente de ser confirmada o verificada.
“Resaltamos el alarmante aumento de personas reencarceladas como consecuencia de la persecución política”, denunció la Alianza Cívica, tras detallar los nueve de los casos que corresponden a excarcelados que volvieron a prisión, entre los cuales hay seis que ya enfrentan un nuevo proceso judicial.
La Alianza Cívica también condenó la persecución política con “detenciones arbitrarias e ilegales de la que siguen siendo víctima las y los presos políticos y sus familiares”.
El presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua y miembro de la Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza Cívica, Álvaro Vargas, aseguró en entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, que los presos políticos continúan como una carta de negociación del régimen, que intentaría usarlos como moneda de cambio en caso de que se reanuden las negociaciones suspendidas a mediados del año.
