El régimen de Daniel Ortega acusó oficialmente a 7 opositores y un consultor internacional del presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La Fiscalía de Nicaragua informó este jueves sobre el proceso que incluye a los líderes y precandidatos opositores a las elecciones presidenciales de noviembre, Arturo José Cruz Sequeira, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Juan Sebastián Chamorro García.
Otros acusados son el ex vicecanciller José Bernard Pallais Arana, el ex titular del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) José Adán Aguerrí Chamorro, y las activistas Violeta Mercedes Granera Padilla y Daysi Tamara Dávila Rivas.
Además, el consultor Manuel Salvador Orozco Ramírez, investigador del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano y director del Centro de Migración y Estabilización Económica de Creative Associates International, quien durante 20 años se desempeñó como director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo, un centro de pensamiento con sede en Washington, informó la agencia de noticias EFE.
Según el diario nicaragüense La Prensa, siete de los ocho acusados están detenidos y no han tenido comunicación con su familia ni con abogados.
En un comunicado, el Ministerio Público alega que acusó a los opositores nicaragüenses por ser presuntos autores de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”.
Lea también
Fiscalía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados y orden de detención para el consultor Orozco Ramírez.
Según el Código Penal, las penas establecidas por la supuesta comisión de estos delitos oscilan entre 10 y 15 años de prisión, e inhabilitación absoluta por el mismo periodo, de desempeñar cargos públicos.
Parlamento desmantela otras 15 ONG
Este jueves, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, canceló la personalidad jurídica a otras 15 organizaciones no gubernamentales (ONG), con lo que se elevó a 55 las entidades ilegalizadas desde que estalló la crisis política y social en abril del 2018.
La medida se tomó durante una sesión de parlamentaria y fue aprobada con el voto de los 70 miembros de la bancada sandinista, un voto en contra y 13 abstenciones, informó la agencia de noticias AP.
El diputado oficialista Filiberto Rodríguez propuso la iniciativa, justificando que las ONG habrían “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa, obstaculizando la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Mingob)”.
Un texto de la propuesta añade que las entidades tampoco cumplieron en reportar sus estados financieros y “definir claramente fuentes de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos” de esas entidades.
Entre las ONG canceladas está la Fundación Mejía Godoy, entidad cultural vinculada a los músicos exiliados Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, críticos del régimen orteguista. También fueron suspendidas la Fundación Xochiquetzal, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka y el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, organizaciones feministas que apoyaban proyectos de desarrollo con mujeres rurales, reportó AP.
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa denunció que la medida es una “violación al derecho de organización, a la justicia, la libertad de expresión y el derecho a vivir sin violencia”.
El 16 de agosto, el Mingob retiró los permisos de operación a seis ONG europeas y estadounidenses, incluyendo el National Democratic Institute For International Affairs (NDI), el International Republican Institute (IRI) y la Helping Hands The Warren William Pagel, M.B. Foundation.
