El Instituto Nacional de Migración (INM) de México detuvo el 8 de septiembre a nueve migrantes cubanos que se dirigían a EE. UU. en autobuses de contrabando, informó hoy la institución.
El operativo ocurrió en el norteño estado de Nuevo León e implicó la identificación de otras 27 personas —entre ellas menores de edad acompañados— originarias de Honduras (16), Haití (cinco), Guatemala (cuatro) y Ecuador (dos).
Entre el 4 y el 7 de septiembre las fuerzas policiales del país centroamericano detectaron a 648 personas hacinadas en casas de tránsito, camiones y autobuses en ese estado, quienes iban camino a EE. UU.
En algunos casos las personas migrantes fueron localizadas a partir de avisos anónimos o mediante una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles a disposición de los vecinos para alertar sobre situaciones extraordinarias en sus barrios.
A través de esta señal, la víspera la policía rescató a 77 personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, entre ellas: 18 adultos solos y 6 menores de edad no acompañados. Otras 53 personas formaban parte de núcleos familiares integrados por 25 menores de edad y 28 adultos.
El 7 de septiembre, guardias fronterizos de México descubrieron los cuerpos de dos cubanos que murieron en su trayecto hacia EE. UU., sin especificar el lugar y la causa del deceso.
Los isleños pertenecen a un grupo de 46 personas cuyos cadáveres fueron encontrados entre los meses de enero y agosto de 2021 y que, en general, fallecieron por ahogamiento, accidentes, armas de fuego, problemas de salud y asaltos.
El mayor número de muertes fueron por ahogamiento en el Río Bravo, donde se recuperaron 22 cuerpos, que separa a México de EE. UU. y cuyas riveras son elegidas como punto de acceso por migrantes y traficantes de humanos.
Los habitantes de Cuba, Honduras, El Salvador y Guatemala están entre los que más piden refugio o utilizan de manera legal e ilegal el territorio mexicano para viajar a EE. UU., en busca de mejores oportunidades de vida.
La política migratoria del país ha sido duramente cuestionada luego de que en 2019 México se viera forzado a aceptar un controvertido programa migratorio llamado Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), más conocido como "Permanezcan en México".
La política de PPM permite a EE. UU. devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo (sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EE.UU., un proceso que puede durar años.
Organismos de derechos humanos han señalado que los migrantes, enviados a México en virtud del programa, están desprotegidos en la frontera norte colindante con Estados Unidos, y son frecuentemente víctimas del crimen organizado en esa región, una de las más violentas del país.
