Autoridades mexicanas detuvieron a cinco migrantes cubanos en Monterrey que arribaron al aeropuerto de esa ciudad ubicada en el norte del país sin comprobar su estancia regular en México.
Según un comunicado del Instituto Nacional de Migración (INM), se trata de un grupo de 95 personas originarias de Honduras, El Salvador, Cuba y Guatemala. Unas 72 dijeron viajar en familia y quedaron al resguardo del Estado, junto con ocho menores de edad no acompañados.
Otros 15 adultos fueron trasladados a una estación migratoria donde se determinará su situación jurídica y, en su caso, el retorno asistido a su país de origen.
En total, son 70 hondureños, 14 guatemaltecos y seis salvadoreños, además de los cubanos, que viajaban como turistas en dos vuelos comerciales, uno proveniente de Villahermosa, Tabasco, y otro de Cancún, Quintana Roo.
Las 15 personas adultas —tres mujeres y 12 hombres—, entre quienes están los cubanos, fueron trasladadas a una estación migratoria del estado para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente que permita el retorno a sus países de origen.
Los habitantes de Cuba, Honduras, El Salvador y Guatemala están entre los que más piden refugio o utilizan de manera legal e ilegal el territorio mexicano para viajar a EE. UU., en busca de mejores oportunidades de vida.
La política migratoria del país ha sido duramente cuestionada luego de que en 2019 México se viera forzado a aceptar planes migratorios que atentan contra los derechos humanos, según organismos locales y regionales.
México se embarcó en 2019 en un controvertido programa migratorio llamado Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), más conocido como "Permanezcan en México".
La política de PPM permite a EE.UU. devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo (sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EE.UU., un proceso que puede durar años.
Organismos de derechos humanos han señalado que los migrantes, enviados a México en virtud del referido programa, están desprotegidos en la frontera norte colindante con Estados Unidos, y son frecuentemente víctimas del crimen organizado en esa región, una de las más violentas del país.
