Cinco años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, autoridades mexicanas identificaron los restos de uno de ellos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Rodríguez es el tercer estudiante identificado hasta hoy. En 2014 y 2015, el mismo laboratorio que ha analizado sus restos, radicado en la Universidad de Innsbruck, Austria, identificó a otros dos estudiantes. Primero, en 2014, a Alexander Mora y luego, en septiembre de 2015, a Jhosivani Guerrero. En ambos casos, sus restos aparecieron, según el equipo que entonces lideraba Tomás Zerón, en el río San Juan, muy cercano al basurero donde, dijeron, habían asesinado y quemado a los estudiantes.
Omar Gómez Trejo, jefe de las investigaciones, señaló que antes de dar a conocer el hallazgo, se habló con la familia para que se enteraran por las autoridades y no a través de la prensa. La identificación de los restos fue avalada también por equipo de forenses argentinos que ha participado en el caso.
El 26 de septiembre de 2014 los 43 normalistas desaparecieron luego de haber tomado cinco autobuses en la Central Camionera de Iguala en los que asistirían a una manifestación en la Ciudad de México.
Pero en la salida, un grupo de criminales coludidos con policías de Iguala y otros municipios cercanos les atacaron. Fue en varios puntos, porque los autobuses que habían tomado los estudiantes siguieron rutas de salida distintas. Los atacantes les cerraron el paso en una calle cerca del anillo periférico, la avenida que rodea Iguala. También les interceptaron junto al Palacio de Justicia.
A medida que el ataque contra los estudiantes se convertía en una tormenta política para el Gobierno de Peña Nieto, la PGR intervino el caso y desplazó a la fiscalía estatal. Fue en octubre de 2014. Los investigadores detuvieron e interrogaron a decenas de personas, entre ellas presuntos integrantes de Guerreros Unidos, el grupo criminal que había coordinado el ataque. Los avances fueron rápidos y en noviembre, el procurador Murillo Karam apareció ante los medios para dar cuenta de los resultados.
Murillo explicó que el ataque contra los estudiantes había sido ordenado por Guerreros Unidos, para “defender su territorio”. Según su versión, este grupo criminal pensó que los estudiantes eran en realidad integrantes de un grupo contrario o que, al menos, camuflaban a integrantes de un grupo contrario. A partir de las declaraciones de varios detenidos, Murillo contó que policías coludidos con Guerreros Unidos condujeron a los estudiantes al basurero de Cocula, no muy lejos de Iguala.
Allí, los criminales mataron a los supervivientes de los ataques previos, juntaron los cadáveres en una pira y les prendieron fuego. Luego, los mismos criminales habrían recogido los restos, los habrían triturado y colocado en bolsas de plástico y luego los habrían tirado al río San Juan.
Los meses siguientes fueron una pelea por el control del relato. Para el Gobierno del PRI y la PGR, la verdad era la que habían contado. Para las familias y sus abogados, aquello dejaba demasiados interrogantes abiertos. La sociedad además estaba de su lado. México no había visto en años movilizaciones como las que se vieron en los meses posteriores a la desaparición de los 43. La presión era tanta que Peña Nieto accedió a que un grupo de investigadores independientes, auspiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hiciera sus propias pesquisas.
En diciembre de 2015, los investigadores independientes, conocidos en México como GIEI, dieron su veredicto: en Cocula no había habido un fuego aquella noche de las dimensiones necesarias para desintegrar a tantas personas. El debate estaba servido. Los expertos señalaron además que era posible que parte de los detenidos hubieran sido torturados durante los interrogatorios. La poca confianza que las familias tenían en el Gobierno menguó. Meses más tarde, el GIEI denunció que Tomás Zerón y sus investigadores habían incurrido en irregularidades durante sus primeras semanas a cargo de la investigación.
“Está es una nueva etapa que rompe con la narrativa de una mentira que cerró más posibilidades de buscar y encontrar”, señaló Gómez con relación a la llamada “Verdad Histórica” creada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y la cual aseguraba que los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por el cártel narco.
Entre el 21 y el 29 de noviembre de 2019 se realizó una búsqueda en el municipio de Cocula, en el lugar conocido como “Barranca de la Carnicería”, a unos 800 metros del basurero. Allí se encontraron los restos de Christian. La versión de Peña Nieto cae en descrédito, al menos parte de ella, porque se basaba en la suposición de que todos los cuerpos habían sido quemados y no queda rastro de ellos.
El caso sacudió al gobierno del ex presidente, no sólo por múltiples denuncias de tortura y la posible participación de militares, sino también porque posterior a la desaparición, emprendió una gira internacional a pesar de que los padres de los jóvenes y grupos civiles exigían su presencia.
Gómez expresó que la FGR no precipitará resultados ni difundirá conclusiones que no cuenten con sustento y anunció un nuevo envío de restos a la Universidad de Innsbruck, seleccionados de forma consensuada.
“Este es sin duda un avance de primera relevancia en la investigación. A más de 5 años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Éste, además, no fue tirado ni encontrado en el Basurero de Cocula, ni en el río San Juan”, expresó.
