El presidente Joe Biden promulgó la Ley Havana o Havana Act, que compensa a los estadounidenses afectados por los ataques sónicos o neurológicos, conocidos como síndrome de La Habana. Esta ley autoriza al Departamento de Estado y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ampliar la protección y brindar el apoyo adicional al personal de los Estados Unidos y sus dependientes que han sufrido lesiones cerebrales como resultado de presuntos ataques a través de ondas energéticas.
Estos ataques inicialmente fueron perpetrados contra personal diplomático de la embajada estadounidense, primero en Cuba y después en otros países del mundo, incluido Estados Unidos. A la fecha, son decenas, casi 200 funcionarios, que han indicado ser víctimas de estos ataques que iniciaron hace cinco años.
El proyecto Havana Act fue redactado por los senadores Mark Warner (D-VA), Jeanne Shaheen (D-NH), Robert Menéndez (D-NJ), Marco Rubio (R-FL), Susan Collins (R-ME), John Cornyn (R-TX), Michael Bennet (D-CO), Roy Blunt (R-MO), Kirsten Gillibrand (D-NY), Richard Burr (R-NC), Martin Heinrich (D-NM), Ben Sasse (R-NE), Dianne Feinstein (D-CA), Tom Cotton (R-AR), Angus King (I-ME), Jim Risch (R-ID), Richard Durbin (D -IL), Rick Scott (R-FL), Richard Blumenthal (D-CT) y Maggie Hassan (D-NH).
El presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez (DN.J.), dijo hoy que “Casi cinco años después de que el personal estadounidense en La Habana comenzara a sufrir lesiones cerebrales, está claro que debemos hacer mucho más para cuidar y proteger al personal y a sus familiares”.
Menéndez declaró que a partir de esta ley “estamos dando un paso importante hacia el cumplimiento de nuestra obligación moral como nación agradecida”, apoyando al personal estadounidense lesionado y a sus familias, “y enviando un poderoso mensaje a nuestros adversarios de que estamos decididos a imponer graves consecuencias por el daño que estos ataques han infligido”.
“A medida que la lista de incidentes reportados continúa creciendo, la promulgación de hoy de nuestra Ley Havana deja en claro que las amenazas y ataques contra nuestros diplomáticos, personal de seguridad nacional y oficiales de inteligencia son una prioridad de seguridad nacional”. Asimismo, garantizar la atención adecuada y el apoyo para las personas afectadas, añadió Menéndez.
Otros senadores se pronunciaron después de que el presidente Biden firmara la Ley Havana (S. 1828). Marco Rubio dijo: “Mientras los diplomáticos y el personal estadounidenses continúan siendo blanco de ataques de alta energía dirigidos por parte de actores malignos y Estados rebeldes, me enorgullece ver que mi iniciativa bipartidista se convierte en ley”.
“Necesitamos apoyar a nuestro cuerpo diplomático y a sus familiares, ya que enfrentan desafíos de salud a largo plazo y exigen que los responsables se enfrenten a la justicia”, dijo el senador republicano.
“He hablado personalmente con las víctimas del síndrome de La Habana que se vieron obligadas a luchar contra la burocracia mientras se enfrentaban a sus propios y crecientes problemas de salud. Estos estadounidenses que sufrieron lesiones cerebrales traumáticas por posibles ataques energéticos dirigidos mientras servían a nuestro país deberían haber sido tratados de la misma manera que tratamos a un soldado que sufrió una lesión cerebral traumática en el campo de batalla”, indicó la senadora Susan Collins.
“Mientras el Comité de Inteligencia del Senado continúa investigando los misteriosos y debilitantes ataques contra el personal estadounidense en el exterior, me enorgullece saber que estos funcionarios ahora podrán contar con la compensación y la atención que merecen”, gracias a la normativa que entra en vigor, tras la firma del presidente Joe Biden, comentó el senador Warner.
En Cuba, hace menos de una semana, el coronel Roberto Hernández Caballero, de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior de Cuba, dijo que, luego de realizar una investigación exhaustiva, “no hay evidencias criminalísticas ni científicas que sostengan la ocurrencia de un hecho criminal, ni que asocien los padecimientos referidos con un ataque sónico o con microondas, u otra acción deliberada contra los diplomáticos” estadounidenses.
Las voces en el Congreso de los Estados Unidos, desde hace meses, están pidiendo sancionar a los responsables de los ataques sónicos y el secretario de Estado Antony Blinken manifestó, semanas atrás, inquietud respecto a la posible implicación de Rusia en estos ataques.
Lo que parece claro, de momento, es que ni el gobierno Biden ni el Congreso de los Estados Unidos creen que existan las garantías necesarias para la seguridad del personal de los Estados Unidos y para la eventual y plena reapertura de la Embajada de los Estados Unidos y de los servicios consulares en La Habana como desea el canciller cubano Bruno Rodríguez, según declaró en entrevista con el medio estadounidense NBC en días pasados.
Durante la entrevista con la cadena NBC, el canciller cubano pidió volver a la dinámica de la administración Obama, en la relación bilateral con Cuba. Bruno Rodríguez lamentó las sanciones de la administración Trump hacia Cuba, pero hoy ha quedado demostrado, desde las más altas instituciones de los Estados Unidos, que la dinámica de Obama hacia La Habana no sólo no volverá, sino que transcurridos varios meses de la administración Biden, parece que ha llegado la hora de hablar de sanciones.
El gobierno demócrata de Joe Biden ha asumido una política más realista y condicionada en su relación con Cuba, cuidándose de retomar las políticas de acercamiento de la administración Obama. La continuidad de las sanciones, de un gobierno republicano a uno demócrata, podría verse como una política de Estado.
