Este viernes se confirmó una ley estatal de 2011 que amenaza con duras penas si los funcionarios de la ciudad y el condado aprueban las regulaciones relacionadas con las armas, lo que daría una victoria para los legisladores republicanos y la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 1er Distrito ha rechazado una impugnación de la ley respaldada por la NRA por parte de 30 ciudades, tres condados y más de 70 funcionarios locales.
Desde 1987, Florida ha prohibido a las ciudades y condados a aprobar regulaciones más estrictas que las leyes estatales sobre armas de fuego, y las sanciones en la ley de 2011 fueron diseñada para fortalecer esa “preferencia”.
El fallo del día viernes se centró en que la ley de 2011 debería rechazarse debido a que legalmente existen dos conceptos conocidos como “inmunidad de función gubernamental” e “inmunidad legislativa”.
Esta ley tuvo un “efecto paralizador”, por su capacidad para promulgar ordenanzas destinadas a reducir la violencia armada.
Los abogados de la NRA escribieron que los gobiernos y los funcionarios locales “no están por encima de la ley y deben rendir cuentas cuando violan la ley”.
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La jueza Susan Kelsey escribió, junto con el juez principal Stephanie Ray y el juez Brad Thomas que: “Como el tribunal de primera instancia señaló correctamente y los apelados (los gobiernos y funcionarios locales) no disputan, la Legislatura de Florida también está autorizada para promulgar leyes generales que prevalecen sobre todas las regulaciones en un área de la ley. Como ilustra este caso, la Legislatura ha ejercido su autoridad de preferencia con respecto a armas de fuego y municiones”.
La jueza recalcó que el juez de circuito Charles Dodson, “se equivocó al elevar la doctrina de la separación de poderes sobre la autoridad legislativa superior del estado ejercida válidamente en este caso”.
“Los apelados argumentan que las entidades que adoptan regulaciones sobre armas de fuego o municiones más estrictas que las de la Legislatura están ejerciendo adecuadamente sus derechos a la discreción en el gobierno y que la inmunidad derivada de la doctrina de la separación de poderes protege el ejercicio de esa discreción”, escribió Kelsey. "El tribunal de primera instancia aceptó este razonamiento, pero lo rechazamos".
La jueza continuó diciendo que “la Legislatura de Florida ha retirado toda la autoridad legislativa de los gobiernos y agencias locales para tomar decisiones políticas. No puede existir inmunidad para la promulgación local o por agencias de disposiciones que violen la preferencia estatal y, por lo tanto, más allá del alcance de la autoridad delegada por el estado ".
En un documento judicial de 2019, los abogados de los gobiernos locales escribieron las medidas que se debían tomar después del tiroteo del Marjory Stoneman Douglas.
Las solicitudes hablaban de “requerir procedimientos o documentación para garantizar el cumplimiento de las verificaciones de antecedentes y los períodos de espera para la compra de armas y exigir el informe de verificaciones de antecedentes fallidas”.
Pero los abogados no siguieron adelante debido a las posibles sanciones en la ley estatal.
