Aprueban en Congreso de España proyecto de ley que concedería ciudadanía española a miles de cubanos

La conocida como ley de Memoria Democrática o “ley de nietos” para los cubanos, causó una larga discusión, pero recibió “luz verde” para que continúe curso.
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La conocida como Ley de Memoria Democrática en España o “ley de nietos” para los cubanos, fue aprobada este 14 de julio en el Congreso español, con el apoyo de los partidos de izquierda en el poder, PSOE y Podemos, más un pacto muy polémico con los independentistas vascos.

Esta nueva disposición es de gran importancia para los cubanos descendientes de españoles en la isla, porque dispone resoluciones que favorecen la obtención de la nacionalidad española de miles de ellos, como sucedió con la ley de 2007.

Precisamente, con respecto a esta ley de 2007, se salda un error que llevó a que algunos hijos no pudieran adquirir la nacionalidad por ser mayores de edad cuando tuvo lugar el proceso. En esta nueva ley, los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen por la ley de 2007, podrán hacerse ciudadanos.

“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”, se lee en las modificaciones.

También “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”.

Se aclara que en todos los supuestos anteriores, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podría acordar su prórroga por un año. O sea, la ley solo duraría tres años.

Una vez aprobada en el Congreso de España esta llamada “ley de nietos”, lo próximo sería una discusión en el Senado, donde podrían realizársele otras modificaciones y anexos y debería ratificarse. El último paso sería su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que la dejaría lista para el otoño del presente año.