El pasado martes 4 de agosto, después de que el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez diera a conocer, a través de su cuenta de Twitter, la medida de detención preventiva por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, miles de manifestantes salieron a marchar a favor y en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Horas más tarde que el expresidente lo anunciara, la Corte Suprema de Justicia notificaría la decisión de manera oficial por medio de un comunicado y una declaración en video del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, presidente de la Sala de Instrucción del alto tribunal encargada de la investigación contra Uribe.
“Mediante la decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
“Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”, agregó en el comunicado.
En defensa, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, comentó “soy y seré siempre un creyente de la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.
Al igual que el mandatario, muchos ciudadanos de las principales ciudades de Colombia, ignorando la pandemia, salieron a movilizarse en contra de la decisión de la Corte; ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla, realizaron caravanas de automóviles y marchas.
En la capital del departamento de Antioquia, ciudad nativa de Uribe, el alcalde Daniel Quintero prohibió las movilizaciones por razones epidemiológicas, algo que sin duda, no fue impedimento para que lo ciudadanos de Medellín salieran a las calles a mostrar su apoyo al expresidente.
En Barranquilla, al Norte del país, varios ciudadanos realizaron movilizaciones y concentraciones en varios puntos de la ciudad, exclamando la frase: "Lo que es con Uribe es conmigo" como muestra de apoyo.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que no se permitirían “ni marchas, ni aglomeraciones de ningún tipo”. Sin embargo, en diferentes localidades de la capital colombiana, simpatizantes del uribismo manifestaron su inconformidad con la decisión de la Corte.
Por otro lado, partidarios de la izquierda manifestaron por redes sociales, en respaldo a la decisión de la Corte Suprema, que “nadie está por encima de la justicia”. Asimismo, convocaron cacerolazos en rechazo a las presiones hechas por el Gobierno de Iván Duque en contra de la rama judicial, encargada de juzgar a Uribe.
Foto: Esteban Vega
Para el viernes 7 de agosto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó a través de su cuenta de Twitter que serán permitidos las marchas a favor y en contra del caso del expresidente Álvaro Uribe. “El derecho a la protesta es vital para la ciudadanía, por lo que exigirá medidas de bioseguridad”, explicó el funcionario.
