El expresidente y senador de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, confirmó este martes 4 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, la medida de detención preventiva impuesta por la Corte Suprema de Justicia que lo priva de su libertad.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, publicó Uribe.
El caso que detiene al hombre que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convierte hoy en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención.
De acuerdo con la justicia colombiana, el senador Uribe es acusado por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Como material acusador se tiene un extenso expediente con cientos de testigos y grabaciones, que demostrarían prebendas a cambio de rendir falsas versiones favorables al expresidente.
Es de resaltar que una de las piezas claves que desencadenó esta decisión, fue el abogado Diego Cadena, uno de los defensores de Uribe y a quien la semana pasada, la Fiscalía de Colombia acusó de sobornar testigos para obtener declaraciones favorables a Uribe.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Cadena prometió a Uribe el pago de 200 millones de pesos (unos 54.000 dólares de hoy) con el fin de "que declarara falsamente ante la Corte Suprema, a la cual le debía cambiar su versión respecto a que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para que presentara una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez".
Con respecto al expediente, aún le restan varias pruebas por ser estudiadas, ya que quedan pendientes los testimonios de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y el Tuso Sierra, quienes están en Estados Unidos.
El proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
La detención domiciliaria aplicada al senador le permitirá recibir visitas y mantener comunicación permanente con el exterior; sin embargo, Uribe tendrá que restringir su movilidad a su lugar de domicilio y deberá solicitar autorización si quiere cambiar de residencia.
El partido Centro Democrático, fundado por Uribe y que está en el poder, expresó ayer su "grave preocupación" por versiones que circulaban sobre un posible fallo contrario a su líder.
Uribe responde al proceso penal en la Corte Suprema porque por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a los expresidentes.
(Con información de EFE)