Desarticulan red que casaba cubanas con italianos para obtención de "green card" en Miami

Al amparo de la Ley de Ajuste Cubano y bajo el manto legal de una empresa de servicios migratorios, la red preparaba documentos falsificados y notarizaba permisos matrimoniales
Miami: Desarticulan red de fraude migratorio
 

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Autoridades estadounidenses desarticularon recientemente una red en Miami que se dedicaba al fraude migratorio armando matrimonios falsos entre italianos y cubanas residentes legales o ciudadanas en Estados Unidos para lograr un ajuste de estatus migratorio y obtener la “green card”, tarjeta de residencia legal en la nación norteña.

Según detalla El Nuevo Herald en un reporte al respecto, Yarima Sánchez, de 47 años y residente en Miami, era la jefa de la red. Poseía Immigration Consultant e Immigration Corp., una empresa del sur de la Florida que ofrecía solicitudes de inmigración y otros servicios, entre ellos varios ilegales.

Así lo afirma un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, que detalla que Sánchez también se encargaba de preparar documentos migratorios falsificados y notarizar permisos matrimoniales, de manera tal que los solicitantes de residencia por matrimonio quedaban listos para las entrevistas con funcionarios del Servicio de Inmigración.

Mediante estos procederes, y al amparo de la Ley de Ajuste Cubano, varios italianos recibieron beneficios migratorios acelerados al casarse con mujeres que habían nacido en Cuba. 

En la mayoría de los casos, asegura El Nuevo Herald, los hombres recibieron el estatus de residencia legal inmediata, lo que les permitiría trabajar en los Estados Unidos.

“Sánchez se encargó de reclutar a Yaneisi Osorio Rodríguez, quien a su vez captó a Emily Pérez, Jaileen Domínguez, Elizabeth Peñalver y Loi Torriente para formar falsos y fraudulentos matrimonios con hombres extranjeros a cambio de 4000 dólares”, describe el referido medio, a partir de los documentos judiciales del caso.

Según estos, los cabecillas de la organización fueron condenados en agosto a entre cinco y 10 años de prisión, por los delitos de conspiración para cometer fraude matrimonial y alentar ilegalmente a un extranjero a residir en los Estados Unidos.

 

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