Las compañías estadounidenses Crowley Maritime Corporation y Seabord Marine, con sede en Florida, fueron demandadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por hacer negocios en tierras confiscadas por el régimen cubano.
Esta vez se trata de relaciones de ambas con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM).
La demandante en ambos casos es Odette Blanco de Fernández, una cubano-estadounidense miembro de una familia cuyas propiedades fueron expropiadas en 1960 por el Gobierno que llegó al poder tras el triunfo de la revolución en 1959.
Los hermanos Blanco Rosell poseían Marítima Mariel, Central San Ramón y Azucarera Mariel, entre otros activos.
En tierras decomisadas a esa familia y a los Carranza-Bernal y Carbonell-González se creó la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), un proyecto del Gobierno cubano para atraer inversión extranjera, señala el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dirigido por John S. Kavulich.
NOTIFICACIONES ANTES DE DEMANDAR
Antes de plantear las demandas, los abogados de Blanco de Fernández notificaron a ambas compañías por escrito que estaban "traficando" con propiedades confiscadas sobre las cuales ella tiene derechos "sin su permiso", un trámite contemplado en la ley.
En el caso de la Crowley Maritime Corporation, con sede en Jacksonville (noreste de Florida), la demanda obedece a que desde hace "varios años" envía directamente barcos con contenedores a la terminal del Puerto del Mariel o participa en envíos de otros y se beneficia de ello.
En el caso de Seabord Maritime, la demanda dice que ha traficado con la propiedad confiscada al menos desde mayo de 2019, enviando barcos con contenedores desde Nueva Orleans directamente o participando y beneficiándose de otros envíos.
La terminal de contenedores está en tierras expropiadas a los Blanco Rosell que formaban parte de una concesión de 70 años que les confería derechos para "planear, estudiar, ejecutar, mantener y explotar muelles públicos y bodegas" en la bahía de Mariel, antiguamente perteneciente a la provincia de Pinar del Río, y de "construir nuevos edificios".
En vigor desde el 2 de mayo de 2019, el Título III de la Ley Helms-Burton permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que lucren con propiedades decomisadas en Cuba.
Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC son algunas de las compañías inicialmente demandadas, aunque algunas de ellas han quedado después excluidas por diversas razones.
En un artículo con motivo del primer aniversario el Consejo Económico y Comercial cubano-estadounidense se preguntó si la decisión del presidente Donald Trump de activar el Título III había sido un éxito "judicial o político", pero destacó que su efecto en la inversión extranjera en Cuba ha sido "corrosivo".
El título tercero de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996 por Bill Clinton y también llamada Ley Libertad por su propósito declarado de promover la democracia en Cuba, estuvo en suspenso hasta 2019, porque los sucesivos presidentes optaron por no tener problemas con terceros países.
*Con información de EFE
