Como cantan Los Van Van, te he vuelto a ver, un año después. El 24 de febrero de 2019, casi siete millones de cubanos, por diferentes motivos, dieron el Sí a la Constitución vigente.
Algunos incluso, a pesar de que tenían muchas reservas con el texto y sus alcances, decidieron darle —una vez más— su voto de confianza al sistema.
Un año después, valdría la pena preguntarse: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué mejorías ha propiciado el nuevo texto constitucional? ¿Han tenido impacto aquellas cuestiones que, incluso algunas personas con carácter crítico, vieron como posibles “avances”?
La nueva Constitución definió al país como “Estado socialista de derecho” (Art. 1), como si la ley fuera a regir los destinos de todos los ciudadanos por igual. Sin embargo, siguen las detenciones arbitrarias, las regulaciones, las condenas políticas disfrazadas de delitos comunes. Muchas personas han visto frustrados sus intentos de reclamar sus derechos por vías legales, mientras que el Estado, sus funcionarios y allegados y los órganos represivos siguen demostrando que se encuentran por encima de la ley, aun cuando esta ha sido construida a su medida.
Reconoció que los tratados internacionales firmados por Cuba formaban parte o se integraban al ordenamiento jurídico nacional (Art. 8). No obstante, ahí siguen en pie las leyes y regulaciones cubanas que violan normas y principios internacionales y el país sigue firmar o ratificar importantes instrumentos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo.
Algunos vieron como un indicio de mejoría el reconocimiento de la propiedad privada (Art. 22). Hasta el momento, solo se han visto medidas que más que potenciar su desarrollo han contribuido a entorpecerla, como los constantes topes de precios y los inefectivos mecanismos para la importación de un grupo limitado de productos que no incluyen aquellos que más necesita el sector privado para su producción, por ejemplo, las materias primas.
La existencia del cargo de Primer Ministro (Art. 140) tampoco ha traído la dinamización que se esperaba de la gestión del Gobierno. Tenemos un presidente que inaugura panaderías, un Primer Ministro que lo acompaña casi a todos lados y en un año la medida económica más significativa ha sido la reintroducción del dólar para vender splits, motorinas y carros (con los mismos precios desorbitantes de antes) en esa moneda.
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Muchos juristas se emocionaron con el reconocimiento en la carta magna del procedimiento de Habeas Corpus (Art. 96). Un año después no parece haber evidencias de que haya implicado algún cambio significativo. Y así, la lista puede ser mucho más larga.
Tal vez algunos digan que es demasiado pronto o que hay que esperar por la aprobación de las normas que forman parte del cronograma legislativo, lo cual sentaría las bases para el cumplimiento efectivo de lo plasmado en la Constitución. Pero no. Ese cronograma es la próxima zanahoria que tenemos delante para seguir alargando las ilusiones. Muchas de esas regulaciones serán aprobadas por decreto; otras serán sometidas al “escrutinio” de esos mismos que votaron unánimemente por una Constitución a la que casi dos millones de personas dijeron no o se abstuvieron de refrendar, ya sea anulando, dejando en blanco o no asistiendo a las urnas. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar un resultado diferente a lo que ya hemos visto?
Con la aprobación de las leyes y decretos incluidos en el cronograma ocurrirá lo mismo que con la Constitución: se adecuará la norma jurídica a lo que ya sucede en la práctica, para conveniencia de los que están en el poder.
Mientras no haya un cambio en las condiciones estructurales del sistema político cubano, todos los retoques “esperanzadores” que se realicen desde el plano jurídico, no serán otra cosa que letra muerta. Mientras exista un Partido único antidemocrático —tanto a lo externo como a lo interno— que secuestre o condicione las funciones estatales, de gobierno, legislativas y jurídicas, con libertades económicas, de asociación y de expresión inexistentes o restringidas, no hay nada que hacer. Cualquier movimiento que no toque ese entramado no es más que un ejercicio de gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie.
Vendrán nuevas elecciones, quizá nuevos procesos de consulta, y acciones cotidianas en las que los cubanos, de manera implícita o explícita tendremos que decidir, otra vez, si darle o no nuestro voto de confianza a esos que llevan décadas halándonos la zanahoria. En ese momento, valdría la pena preguntarse si queremos cantarles “Devórame otra vez” o como Yeny Van Van, mirarlos fijos y decirles: ¿Qué cosa? ¡Qué cosa la costurera!
