Una jueza federal de Miami, Estados Unidos, consideró este lunes que las compañías de cruceros que desembarcaron en Cuba durante los años del “deshielo” entre la administración Obama y el régimen comunista participaron en “actividades turísticas prohibidas” y “de tráfico”.
“Una jueza federal de Miami dijo que Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises participaron en 'actividades turísticas prohibidas' y 'de tráfico' al transportar pasajeros a Cuba y beneficiarse del uso de las instalaciones portuarias de La Habana” confiscadas por Fidel Castro, informó la periodista Nora Gámez en su cuenta de Twitter.
Las importantes líneas de cruceros “al utilizar la Terminal y uno de sus muelles de diversas maneras (…) cometieron actos de tráfico”, afirmó la jueza Beth Bloom, citada por Gámez en El Nuevo Herald.
Registros judiciales a los que tuvo acceso el medio del sur de la Florida, indican que las cuatro compañías obtuvieron al menos 1 100 millones de dólares en ingresos y pagaron 138 millones a entidades estatales de la isla.
Los cruceros “constituían actividades turísticas”, no adecuadas para promover contactos entre los pueblos, y esas compañías pagaron “millones de dólares al gobierno cubano para realizar viajes inadmisibles”, escribió Bloom en el documento. De esta manera, la autoridad se puso del lado de Havana Docks, la empresa que tenía una concesión para operar el puerto de La Habana antes de ser nacionalizada por el gobierno cubano.
Según El Nuevo Herald, Havana Docks presentó demandas contra Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises por el uso del puerto capitalino entre 2015 y 2019, cuando fue autorizado el viaje de cruceros a Cuba.
El extinto dictador Fidel Castro ordenó en 1960 la nacionalización de esas instalaciones y nunca resarció a sus dueños. Según la Ley Helms-Burton (1996), los propietarios agraviados por el régimen comunista pueden demandar a empresas que realicen actividades comerciales con las propiedades intervenidas por el estado cubano.
Durante el “deshielo” las compañías de cruceros recibieron de la administración Obama una autorización para “brindar servicios de transporte por barcos”, aunque limitada por regulaciones y leyes que hacen cumplir el embargo de EEUU contra el régimen de Cuba y que las compañías de cruceros no siguieron, según e la sentencia de la jueza.
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El medio citado explica que solo existían salvoconductos para llevar estadounidenses a Cuba bajo 12 categorías legales, ninguna de las cuales comprendía “actividades turísticas”. Sin embargo, las compañías de cruceros contrataron agencias de viaje pertenecientes o relacionadas con las autoridades cubanas, para brindar “servicios turísticos” como excursiones a playas, clubes nocturnos y otros recorridos que, según la jueza, son actividades turísticas “clásicas”.
Carnival registró en 2018 una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba con el propósito de “realizar actividades comerciales relacionadas con el turismo”, y firmó un memorando de entendimiento con Gaviota, consorcio turístico propiedad del militar Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), para la prestación de “servicios turísticos”.
Royal Caribbean incluso hizo consultas con una agencia legal del gobierno comunista para obtener permisos de abrir y operar casinos en Cuba, según la investigación de El Nuevo Herald publicada en febrero pasado.
“El hecho de que [el Departamento del Tesoro] promulgó licencias para viajar a Cuba, y los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, alentaron a los demandados a hacerlo, no los exime automáticamente de responsabilidad si se involucraron en un turismo prohibido por ley”, sostuvo Bloom.
