La Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba envió una carta de protesta al Ministerio de Transporte por incluirla entre las instituciones que violan la directiva de recoger pasajeros en las paradas, una medida excepcional para enfrentar la crisis del transporte.
La misiva, fechada el 3 de marzo, fue provocada por un artículo publicado en los medios digitales Cubadebate y Tribuna de La Habana, en el que aparecía esta denominación religiosa como una de las instituciones “del Estado” cuyos vehículos pasan de largo y dejan varados a los pasajeros.
“Consideramos inadecuado que, conociendo el carácter laico de nuestra nación, reafirmado en el artículo 15 de nuestra última Carta Magna aprobada el pasado año 2019, se nos incluya en un listado de ‘entidades poseedoras de vehículos estatales”, explican los líderes firmantes del texto.
“Como usted debe conocer, en más de una ocasión hemos tenido dificultades con el reconocimiento de nuestras instituciones a la hora de emitir las placas de nuestros vehículos. En nuestras conversaciones con la Oficina de Asuntos Religiosos del CC del PCC siempre hemos lamentado que no haya una coherencia en nuestro estatus legal a la hora de emitir esas placas”, agregan.
El documento explica que los vehículos de esta congregación religiosa se han detenido en más de una ocasión, voluntariamente y por impulso de solidaridad, a recoger personas en las calles. La Iglesia, dice la misiva, es consciente de la crisis del transporte que vive el país.
“Para nada lamentamos que la nueva coyuntura nos pida un poco más de sacrificio para palear las dificultades que atravesamos porque nada nos separa del resto de las cubanas y los cubanos que enfrentar diariamente esas dificultades. Somos también ‘pueblo’ de Cuba”.
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Pero no está obligada a realizar estas actividades, porque no es una entidad del Estado, sino una organización de la sociedad civil.
“Es sumamente vergonzoso que se nos exponga públicamente al juicio de aquellas personas que no tienen la información necesaria para, en primer lugar, distinguir entre vehículos estatales y vehículos de las organizaciones no gubernamentales y mucho menos la iglesia; y en segundo lugar, para discernir entre una vocación de servicio y una realidad práctica que por derecho, nos exime de la obligación de detenernos en todas las paradas de mayor concentración”, subrayan los autores en el clímax de la carta.
La lista publicada por las autoridades cubanas incluyó a más de un centenar de instituciones, lo mismo vehículos dependientes de GAESA, numerosos organismos estatales y casi todas las denominaciones religiosas.
En los últimos meses, la situación del transporte público en la isla ha empeorado notablemente, por restricciones a la venta de combustible a causa de recientes sanciones de la administración norteamericana.
