A continuación, ADN Cuba reproduce íntegramente la declaración "Garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba" que puedes firmar aquí:
Garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba
En los últimos años, la red de medios de comunicación en Cuba ha crecido y se ha diversificado. La digitalización de las tecnologías y la ampliación del acceso a internet, junto con los cambios promovidos por el ex mandatario Raúl Castro, han favorecido el surgimiento y auge de proyectos periodísticos y comunicativos que funcionan de manera independiente del Estado y del Partido Comunista de Cuba y se proponen construir relatos del país distintos al estatal hegemónico. Sin embargo, a la par, ha aumentado la represión física, jurídica y psicológica contra quienes participan en tales proyectos.
Detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos y registros de viviendas particulares, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cerco de domicilios para impedir la cobertura de noticias, campañas de difamación, acoso físico y digital, hackeo de cuentas personales, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales, amenazas de prisión, intimidación a familiares y estigmatización social, son algunas de las acciones represivas que sufren periodistas, blogueros y comunicadores independientes.
El argumento que habitualmente han esgrimido los representantes del gobierno y del Partido para justificar las restricciones de libertades civiles y políticas, así como la represión de quienes intentan actuar como mujeres y hombres libres, se ha sustentado en la idea de que Cuba es una nación en guerra con Estados Unidos; por tanto, la mentalidad que ha regido nuestro sistema ha respondido más a lógicas militares que democráticas.
La existencia de medios estatales -que no por estatales son públicos- no alcanza para afirmar que en Cuba se respetan las libertades de prensa y expresión. Las libertades de prensa y expresión son derechos de todos los ciudadanos por igual, no privilegios de dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido, que aseguran representar la voluntad de todo un pueblo, pero prohíben la manifestación de cualquier voluntad que difiera de la que representan.
Durante décadas, múltiples testimonios e investigaciones científicas han demostrado que las agendas y rutinas productivas de los medios estatales están permeadas por el poder político y son intervenidas por sus funcionarios con frecuencia; lo cual constituye una fuente inagotable de conflictos de intereses, en los que la balanza siempre se inclina a favor de los intereses del poder político y no de los intereses de la sociedad. En esa dinámica, que solo tolera las informaciones que ayudan a reproducir la hegemonía del Partido, la prensa suele comportarse como un aparato de propaganda.
La decisión de ejercer el periodismo de manera independiente no la entendemos solo como un derecho humano sino también como un deber profesional. No creemos que podamos producir un periodismo riguroso, comprometido con la sociedad cubana y la búsqueda de la verdad, dentro de los márgenes de un modelo de prensa estatal partidista.
Cuba es diversa, aunque no sea reconocida legalmente su diversidad. Hay personas que quieren contar sus historias a los medios independientes y personas que anhelan conocer esas historias. Son a ellas a las que debemos lealtad.
No podemos permitir que ocurra otra Primavera Negra como la de 2003, cuando el Estado cubano detuvo a 75 ciudadanos, entre quienes había periodistas independientes y defensores de derechos humanos, y les impuso condenas de hasta más de 20 años de privación de libertad. Y aunque para 2011 ya habían sido excarcelados, los instrumentos legales que se emplearon para juzgarles continúan vigentes.
Si bien en el propio Código Penal existen varios artículos que atentan contra las libertades de prensa y expresión, consideramos que la Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas (Ley 80) y la Ley de protección de la independencia y la economía de Cuba (Ley 88), de 1996 y 1999, respectivamente, constituyen las amenazas más serias en este sentido. Ambas cumplieron un rol decisivo en las injusticias que se cometieron entre marzo y abril de 2003, al criminalizar el ejercicio de derechos humanos.
Han pasado 16 años de la Primavera Negra, pero las leyes permanecen ahí, y en mayo de este año el gobierno nos lo recordó: a partir del anuncio de la activación del título III de la Ley Helms-Burton que efectuara la Casa Blanca, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular que expresa su “total apego” a los postulados de las leyes 80 y 88. Sería imprudente creer que nos encontramos a salvo.
En abril de este año, el poeta, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces fue detenido en pleno ejercicio del periodismo y sometido a tratos crueles. En agosto, el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo lo sentenció a un año de privación de libertad, en la modalidad trabajo correccional con internamiento, por el delito de “resistencia y desobediencia”. El caso de Quiñones Haces exhorta a mantenernos alertas.
Mientras no entendamos que la represión de periodistas, blogueros y comunicadores tiene que ver con la sociedad, porque hay historias y enfoques de las historias que el poder no quiere que conozcamos, no lograremos implementar los cambios que el periodismo necesita; sobre todo, no lograremos tomar decisiones debidamente informadas para participar de la vida política y volvernos esa república democrática, justa y digna que merecemos ser.
Cuando permitimos que el relato de un país se construya desde un único punto de vista, laceramos su memoria histórica y, a largo plazo, su identidad cultural. Defender el derecho a contar historias diversas sobre quiénes somos hoy, a ejercer un periodismo que devele la realidad del país a partir de su complejidad, significa defender incluso el derecho de las generaciones futuras a saber de dónde provienen. Resultaría inmoral legar una mentira, una verdad a medias o una caricatura de nuestro presente.
Quienes suscribimos esta declaración, en concordancia con las ideas antes expuestas, exigimos: el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba; la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales libertades; el establecimiento de garantías jurídicas para ejercerlas, que deberán incluir leyes de transparencia y protección de fuentes; y la liberación inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces.
