"Mi familia está en peligro". Elizabeth Valdés teme por su vida y la de su familia. Ellos han sufrido varios derrumbes, la situación actual es insoportable y las instituciones estatales y la vivienda les dicen que son los vecinos los que deben dar solución al deterioro de su hogar.
Hace más de dos años, este apartamento, ubicado en Damas 905, entre Paula y San Isidro, sufrió el primer derrumbe. Colapsó el techo de la escalera y los dejó atrapados.
"No teníamos por dónde salir. Los bomberos encontraron la solución de sacarnos por una pequeña ventana del baño. Y estuvimos meses entrando y saliendo por ahí", cuenta la mujer, quien vive con su esposo y dos niñas.
Pero los derrumbes continuaron. Otro se produjo en agosto pasado. Colapsó el remanente que quedaba y explotaron las tuberías del agua y del gas.
"Estuvimos en la calle alrededor de cuatro días, sin comer casi. Fuimos varias veces buscando a entidades para que evitaran ese segundo derrumbe con una grúa recogiendo el remanente, y nunca vinieron. Cuando pensábamos que íbamos a tener una solución ocurre en octubre el tercer derrumbe", relata Elizabeth.
Han ido en seis ocasiones al gobierno provincial y a Vivienda. La última vez les informaron que debían reparar el edifico por sus propios esfuerzos, tocar puertas por los vecinos y entre todos darle solución.
"Estamos vivos de milagro. Y a las autoridades no les ha interesado nuestro caso. Tratan de darlo pero no es así. Yo soy propietario y no tengo recursos para reparar el edifico completo. Los vecinos tampoco tienen fondos para reparar", expresó el esposo.
Valdés explicó que sus hijas tienen pesadillas nocturnas y se les cae el pelo del estrés por no saber si estarán vivas al día siguiente.
"Nos ha cambiado la vida. Queremos respuestas y el gobierno es quien tiene las soluciones. No queremos que vengan con indemnizaciones luego de que se caiga el edificio ni que pase lo que le pasó a las niñas de Jesús Maria. Mis hijas están en su casa, su hogar, que ha sido destruido por la indolencia del gobierno. Temo por la vida de mis hijas", concluyó.
Incluso el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció a finales de mayo que el tema de la vivienda era “el principal problema social acumulado que enfrenta Cuba” y volvió a apelar al trabajo del Gobierno “con sensibilidad y constancia” para resolver la crisis enquistada del sistema.
La Habana, ciudad capital y el territorio con mayor densidad poblacional de Cuba, mantiene un déficit de 206 mil viviendas, según las últimas cifras oficiales, dadas a conocer en 2017. Estos últimos años la provincia ha registrado frecuentes derrumbes que engordan las cifras de personas que a la espera de un nuevo techo.
Esta situación se agravó el pasado año con el paso de un intenso tornado que azotó la ciudad y dejó siete muertos, casi 200 heridos, unas 7,800 casas dañadas y más de 10,000 desplazados.
Tres niñas perdieron la vida a inicios de este año en La Habana Vieja al desprenderse el balcón de un edificio en el barrio de Jesús María. Luego en el mes de marzo otro derrumbe, específicamente en Inquisidor, entre las calles Luz y Acosta, dejó un muerto y varios heridos.
Mientras en medio de la pandemia el régimen promueve políticas de desalojo y cuantiosas multas a quienes sean detenidos con materiales de construcción, sin papeles justificativos, además, de ser decomisados.
