La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS), organizaciones culturales oficialistas, atacaron este jueves a quienes firmaron el “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”, un pronunciamiento en solidaridad con los manifestantes antigubernamentales de julio de 2021.
Un grupo de intelectuales y artistas cubanos, residentes dentro y fuera de la isla, hicieron pública el 21 de marzo una declaración en la que exigen al régimen cubano el cese de la represión y piden la excarcelación de los participantes en las protestas del 11 y 12 de julio pasado (11J). Denuncian que el Estado respondió “con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia” durante el levantamiento popular.
La Uneac y la AHS, encabezadas por Luis Morlote Rivas y Rafael González Muñoz, respectivamente, respondieron con una declaración que califica a los firmantes del “Manifiesto contra el silencio, por la justicia” como “un pequeño grupo de individuos de distinta procedencia, de disímiles resultados profesionales, la mayoría residentes fuera de Cuba”. Según el oficialismo los intelectuales solidarios con los presos políticos serían responsables de “una falsificación condensada en pocas líneas, sin una pizca de análisis serio” sobre las manifestaciones populares del verano pasado, que el régimen y sus partidarios insisten en llamar “disturbios”.
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La dirigencia de ambas organizaciones suscribe que el pronunciamiento contra la represión es una “mentira” que ignora la presunta “respuesta popular a los incidentes del pasado verano”, y desconoce “las acciones que viene realizando el gobierno cubano en favor de los sectores más necesitados”.
Acusan a los firmantes del Manifiesto de “utilizar justas preocupaciones para servir de instrumento a los enemigos de la Patria” y de “criminalizar” al sistema judicial y otras instituciones gubernamentales.
Texto íntegro del “Manifiesto contra el silencio, por la justicia”
A la Comunidad Artística e Intelectual cubana:
Los días 11 y 12 de julio del 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diuvys Laurencio, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de mil ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel.
En Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno, con las de quien agrede —siendo agente del orden o civil— a otro ciudadano.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:
I- Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos, del mismo modo que cotidianamente se manifiesta la ciudadanía en nuestra región latinoamericana y en el mundo. Y en cualquier república, cuando se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.
II- Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional.
III- Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras.
IV- Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba.
V- En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces.
Desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Y nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.
Por ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, la connotación punitiva de los mismos y las lecciones de procesos similares en nuestra región, exigimos la excarcelación de nuestros compatriotas. Y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por una Amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no. El Derecho no puede subordinar a la Justicia.
Imagen de Portada: Rafael González y Luis Morlote, presidente de la AHS y la Uneac, respectivamente, con el presidente Miguel Díaz-Canel
