El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, aplaudió el anuncio de la Administración Biden sobre aumentar sanciones selectivas contra funcionarios del régimen cubano responsables de la violación de derechos humanos.
“El gobierno es un instrumento del pueblo, no un instrumento para ser utilizado contra los propios ciudadanos. Sin embargo, desde el 11 de julio, el régimen de Díaz-Canel se ha vuelto a esconder detrás de la censura del Internet y la fuerza bruta para amordazar y atropellar los derechos del pueblo cubano”, denunció el senador demócrata por New Jersey.
Menéndez, en un comunicado al que tuvo acceso ADN Cuba, agradeció al presidente Biden “por buscar mi consejo y el de las personas dentro y fuera de la isla que están luchando para promover la democracia, los derechos humanos y la sociedad civil”.
El político de origen cubano, opina que “esta nueva ola de sanciones selectivas contra funcionarios del régimen representa otro paso clave para que la dictadura quede advertida antes de seguir persiguiendo violentamente al movimiento pro-democracia en la isla”.
Según Menéndez, “el mensaje de hoy no podría ser más claro: Estados Unidos está con el pueblo cubano y habrá consecuencias para quienes tienen las manos manchadas de sangre. Seguiré trabajando a mano estrecha con la Administración para imponer sanciones adicionales contra quienes insistan en violar los derechos humanos del pueblo cubano”.
El senador afirma que “más allá de las declaraciones bipartidistas en apoyo del pueblo cubano, las acciones concretas del Presidente Biden demuestran que su administración – y todos los que verdaderamente creemos en una Cuba democrática – estamos unidos, sin políticas personales, por una profunda creencia que el pueblo cubano debe ser libre de elegir como vivir y quien lo gobierna. A medida que el pueblo cubano siga alzando su voz, Estados Unidos será implacable en nuestro apoyo a sus esfuerzos para realizar plenamente sus aspiraciones de democracia y libertad”.
¿En qué consisten las sanciones de Biden?
“El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas”, declaró el presidente Joe Biden, en una nota oficial sobre las sanciones impuestas contra figuras y entidades del régimen cubano.
“Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales de conformidad con la Ley Magnitsky”, agregó.
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Según edijo, “este es sólo el comienzo” de más medidas destinadas a llamar la atención de La Habana por la represión de varias manifestaciones pacíficas que comenzaron el 11 de julio en toda la isla.
Las primeras de estas medidas, divulgadas por el Departamento del Tesoro, incluyen a la Birgada Especial Nacional (BEN) del Ministerio del Interior (Minint), y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general Álvaro López Miera.
Las fuerzas especiales del Minint, conocidas como “boinas negras” por su vestimenta, es un grupo de intervención rápida en momentos de crisis. Durante la represión a las protestas, efectivos de ese cuerpo fueron captados enfrentándose a los manifestantes pacíficos con armas de fuego, junto a fuerzas de la Policía. También hay videos donde se les ve apaleando entre varios a civiles desarmados.
López-Miera, general de Cuerpo de Ejército y ministro de las FAR desde abril del 2021, sustituyó al general Leopoldo Cintra Frías en el cargo —un veterano oficial de las guerras de Angola y Etiopía—, poco antes del VIII Congreso del Partido Comunista. Cintra Frías también fue sancionado por Washington.
Igualmente, fuerzas bajo la responsabilidad del Minfar también fueron utilizadas en la represión. El régimen envió a las calles a efectivos de las Tropas de Prevención (“boinas rojas”, también de élite) y jóvenes del Servicio Militar Obligatorio, entro otros integrantes del ejército.
Las sanciones están amparadas por la Ley Magnitsky, aprobada por el Congreso en 2012 y que permite al gobierno de EEUU penalizar a ciudadanos extranjeros sospechosos de haber cometido alguna violación grave contra los derechos humanos, o un delito de corrupción.
