La modificación al Código Penal cubano podría tener efectos “catastróficos” para el periodismo independiente en la isla, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés).
“En un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente”, precisó Núñez.
El 20 de enero, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el Código Penal y prohibirá a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros, una medida que las autoridades pudieran emplear para silenciar a los periodistas y medios informativos independientes que dependen de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades.
“Nosotros dependemos del financiamiento extranjero para todo, y el régimen lo sabe perfectamente bien”, declaró al CPJ un representante de uno de los medios digitales independientes cubanos, quien solicitó anonimato por motivos de seguridad. “Desde el salario de nuestros reporteros locales, hasta pagar por nuestros equipos, pagar por Internet; en realidad para todo”.
Se espera que el proyecto se someta a debate en abril. “La figura es demasiado amplia y ambigua. Los términos no se definen, y esto se hace a propósito, para que se pueda aplicar a cualquiera en cualquier circunstancia”, expresó a CPJ Laritza Diversent, coordinadora del grupo de asesoramiento legal Cubalex.
De ser aprobado el nuevo código penal, el régimen contaría con “otra herramienta legal represiva para encausar a quienes reciban o financien lo que la oficialidad considere actividades contra el Estado y su orden constitucional”, advierte el abogado Eloy Viera en un artículo publicado por El Toque.
Viera también expresó en redes sociales que “si algo hemos aprendido los cubanos es que acciones contra el estado en Cuba es cualquier cosa que la clase política que disfruta de privilegios entienda como un riesgo para ella y su hegemonía”.
En diciembre pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) incluyó a Cuba en la lista del año 2021 de los gobiernos que encarcelan a reporteros.
Cuba fue ubicada por el CPJ en el puesto 19 del ranking mundial, con los casos de los periodistas independientes Camila Acosta, Mary Karla Ares y Lázaro Yuri Valle Roca.
