Unos 500 migrantes, entre ellos cubanos, marcharon el 15 de septiembre por las calles de Tapachula para exigir a las autoridades paso a EE. UU., luego de que en las últimas semanas varias caravanas con ese destino hayan sido desarticuladas.
Al grito de “¡queremos pasar, queremos pasar!”, los extranjeros caminaron unas 20 calles y bloquearon la carretera principal de la zona, asegura el diario local El Comentario.
La ciudad, ubicada en la frontera de México con Guatemala, alberga a miles de migrantes de América Latina, quienes no pueden seguir su rumbo hacia la frontera con la potencia del norte debido a restricciones gubernamentales.
La manifestación también exigió la destitución del representante estatal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Aristeo Taboada, acusado de realizar operativos y deportaciones.
En medio de los preparativos por el Día de la Independencia que se celebra en México, los migrantes salieron en caminata con una cartulina pidiendo el fin de la represión en su contra.
Uno de los migrantes haitianos que participaron en la marcha denunció que él cuenta con el documento que otorga la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la visa humanitaria, por lo que ha comprado en cinco ocasiones un billete para viajar hacia el norte del país, pero las autoridades se lo impiden.
Para el activista y director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, la marcha sirvió para denunciar que Tapachula es, para los migrantes, “la cárcel más grande de todo Latinoamérica”.
Señaló que este 16 de septiembre se presentarán firmas ante las autoridades para exigir un mejor trato y se encenderán veladoras en señal de protesta y reflexión.
La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico con 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212 mil indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.
Los habitantes de Cuba, Honduras, El Salvador y Guatemala están entre los que más piden refugio o utilizan de manera legal e ilegal el territorio mexicano para viajar a EE. UU., en busca de mejores oportunidades de vida.
La política migratoria del país ha sido duramente cuestionada luego de que en 2019 México se viera forzado a aceptar un controvertido programa migratorio llamado Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), más conocido como "Permanezcan en México".
La política de PPM permite a EE. UU. devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo (sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EE.UU., un proceso que puede durar años.
Organismos de derechos humanos han señalado que los migrantes, enviados a México en virtud del programa, están desprotegidos en la frontera norte colindante con Estados Unidos, y son frecuentemente víctimas del crimen organizado en esa región, una de las más violentas del país.
