Un grupo de cubanos lanzaron en Change.org una petición para que el gobierno de EE. UU. no deporte a Cuba al joven Yariel Alfonso Puerta, que podría ser juzgado por su participación en las protestas del 11 de julio en la isla.
El texto que acompaña la petición recuerda que Alfonso Puerta tiene una petición fiscal de cinco años, y con el nuevo Código Penal, aprobado este domingo por la dictadura cubana, sumaría otros ocho años a su condena por salida ilegal del país.
“Su familia ruega al Gobierno de los EE. UU. el asilo político para este joven de 27 años, padre de un niño de solo tres”, precisa el texto.
Alfonso Puerta y un amigo, Alioski Quintero, se encuentran bajo custodia de la Guardia Costera, institución que tiene el deber de deportar a todo migrante cubano que llegue ilegalmente al país, según los acuerdos firmados por el presidente Barack Obama en 2015.
Los jóvenes zarparon en una balsa casera con una vela y cuatro remos el viernes pasado. Era el día marcado en el que irían a buscar a Yariel para llevarlo a los tribunales. Según la organización Cubalex, Puerta enfrenta una condena de seis años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia.
“Rogamos a las autoridades que realicen la entrevista de miedo creíble, en la que estos jóvenes podrán demostrar que son perseguidos por la dictadura, y que no los deporten, pues sus condenas serían mayores luego de comprobarse su salida ilegal de Cuba”, dijo el abogado y opositor Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, que ha seguido el caso.
Sánchez precisó que los jóvenes tienen videos en los que prueban la persecución del régimen cubano. “También estamos explorando otras vías legales para mantenerlos a salvo”, agregó Sánchez.
La ONG Prisoners Defenders aseguró en marzo que unas 891 personas permanecían en cárceles cubanas por las protestas del 11 de julio y que ha registrado medidas contra al menos 26 adolescentes de entre 14 y 17 años.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
Familiares de los presos han asegurado que los juicios han sido montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas.
