La viceministra de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, Marina Sereni, confirmó la entrega de 10 millones de euros en concepto de ayuda al gobierno cubano en carta enviada al parlamentario local Enrico Aimi.
Según CubaNet, Aimi, del partido de derecha Forza Italia, exigió explicaciones a la funcionaria con motivo de la colaboración de su gobierno con Cuba tras las protestas del 11 de julio, a lo que Sereni contestó enumerando los proyectos de colaboración a los que se destinaría el monto.
“El 22 de julio se entregaron 120 000 euros para apoyar las actividades del Programa Mundial de Alimentos en el país”, destinadas a la compra de aceite y frijoles para más de 2000 pacientes hospitalizados en La Habana y Matanzas.
“Parte de los recursos se han reasignado para permitir la producción en la isla de equipos de protección personal y para fortalecer las capacidades de la industria alimentaria local, en respuesta a la reducción de las importaciones provocadas por la pandemia”, precisó la funcionaria.
Estos proyectos incluyen una fábrica de hisopos y mascarillas creada con fondos italianos y otros 5,4 millones de euros para promover la industria alimentaria local en cinco municipios de la capital (Boyeros, Arroyo Naranjo, Cotorro, Guanabacoa y Habana del Este).
Unas 30 toneladas adicionales de medicamentos llegaron a la isla, valuados en 1,5 millones de euros. Ayuda adicional por 8,4 millones de euros está prevista para “los próximos meses”, sin que CubaNet haya podido precisar en qué cosiste.
Políticos de derecha en el Viejo Continente han criticado la “complicidad” de algunos miembros de la Unión Europea con el régimen cubano y piden cambiar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación por una política más agresiva hacia la isla.
Al régimen cubano piden la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y permitir la entrada y el acceso sin restricciones de los diputados al Parlamento Europeo al país.
Así lo han denunciado no sólo opositores y activistas cubanos, sino también organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2020 señaló que el gobierno de la isla “reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública”.
La organización de la sociedad civil independiente Cubalex señala que de 1.292 personas detenidas en relación con las protestas del pasado 11 de julio, al menos 673 siguen en las cárceles de la isla.
De acuerdo con la organización, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad, 122 de ellos por cargos de sedición, y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
