La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó recientemente una serie de normas legales que ordenan el uso y explotación de transgénicos en la agricultura nacional, así como su consumo para animales y seres humanos en la Isla.
El más reciente número de la Gaceta incluye un decreto-ley del Consejo de Estado que instituye la Comisión Nacional para el uso de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura cubana, así como una resolución del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) que regula el procedimiento para la evaluación de la factibilidad del uso de variedades genéticamente modificadas en la agricultura cubana.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) aporta sendos reglamentos; el primero sobre las funciones de autoridad nacional, del punto de contacto para medidas de emergencia y punto focal nacional para el intercambio de información de la Cuba, en relación con el Protocolo de Cartagena; y el reglamento de seguridad biológica para el uso de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos con información genética.
Deberíamos recordar que el debate público en torno al tema de la introducción de transgénicos en Cuba tuvo su inicio hace 10 años, cuando el periodista Narciso Aguilera Marín lanzó su protesta "Alerta ecologista contra la promoción de maíz transgénico en Cuba".
El año anterior, 2009, los cubanos Fernando Funes Monzote y Eduardo Freyre Roach habían publicado su excelente compilación Transgénicos ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos para un debate en Cuba, material que ha sido la base científica para buena parte del debate que se suscitó después.
La cuestión no era solamente la serie de violaciones de los protocolos de seguridad, la liberación apresurada de semillas de maíz transgénico, las presiones ilegales del CITMA sobre laboratorios e instituciones científicas cubanas. No. Además de todo ello, el problema de fondo era la evidente traición del Gobierno cubano a una de las luchas fundamentales de los movimientos sociales en América Latina, y su disposición a exponer la salud de nuestros ecosistemas y nuestra gente, en pos de intereses económicos poco transparentes.
Hace casi 20 años, el 7 de septiembre del 2001, en La Habana se había firmado la Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, donde se decía de manera explícita:
"Los recursos genéticos son el resultado de milenios de evolución y pertenecen a toda la humanidad. Por tanto, debe ser prohibida la biopiratería y las patentes sobre seres vivos, incluyendo el desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética. Las semillas son patrimonio de la humanidad. La monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de las tecnologías de creación de organismos genéticamente modificados (OGM) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. Al mismo tiempo, en virtud de que se desconocen los efectos de los OGM sobre la salud y el medio ambiente, demandamos la prohibición de la experimentación a cielo abierto, producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de precaución".
Si logramos sobrepasar el viejo eslogan de las gigantescas transnacionales de semillas y agrotóxicos, que coincidentemente con los tecnócratas cubanos quieren hacernos creer que producen transgénicos para acabar con el hambre en el mundo, entonces ya podemos mirar el rostro del Estado cubano en su total hipocresía.
Todo ello de la mano del ejército en la Isla, quien ha tomado el control del proceso de manera que se limitara por completo el acceso de prensa e investigadores a lo que ha venido sucediendo después.
Y sí que les ha llevado tiempo llegar a donde estamos hoy. Más de una década de trabajo presionando, desmontando el discurso anterior y construyendo una postura pro-transgénicos en los medios nacionales, acallando las voces disidentes que desde las instituciones científicas cubanas e internacionales, y desde la sociedad civil cubana, hemos estado clamando desde el inicio por una moratoria, por transparencia, por coherencia, por respeto a la agroecología cubana.
En el camino ha quedado el apoyo a la causa anti-transgénicos de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, o incluso del mismo agroecólogo Fernando Funes, quienes muy probablemente no hayan modificado su visión crítica del asunto, pero quién sabe qué fuerzas les habrá tocado enfrentar para obtener su silencio de hoy.
Por otra parte, se han mantenido incidiendo otras voces: el profesor Carlos Delgado desde las ciencias sociales; Periodismo de Barrio desde la comunicación, y el colectivo Guardabosques desde la denuncia y el ambientalismo independiente, son quizás las más visibles.
Como me toca de cerca, me gustaría recordar una declaración que logramos promover allá por el 2013 bajo el título de "Por una agricultura cubana sin transgénicos", en la que un grupo de académicos, activistas y artistas de Cuba y el mundo ofrecimos nuestros argumentos para la no utilización de transgénicos en la agricultura cubana.
Pero es obvio que por ahora vamos perdiendo esta batalla, mientras el cuerpo ineficiente y corrupto del Estado, de mano de las corporaciones de agrotóxicos y semillas, se anotan varios puntos a su favor con la regularización legal de los transgénicos en Cuba.
En la introducción de la norma del Consejo de Estado se declara de manera explícita la voluntad de "que la introducción de organismos genéticamente modificados, contribuya a incrementar la producción de alimentos en Cuba", meta probadamente inalcanzable para el sistema cubano, lo cual han tenido más de 60 años para demostrarlo.
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De tal manera, ya se abren las puertas para la presencia legal de transgénicos en procesos de investigación, ensayo, liberación al medio ambiente con fines productivos, importación, exportación, uso en alimento humano o animal, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización.
La Comisión creada está integrada por representantes de autoridades del CTIMA, el MINAGRI, y también el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Al MINSAP le corresponde "establecer y controlar los requisitos necesarios, para la comercialización con destino al consumo humano de los alimentos y materia prima de uso alimentario, obtenidos por medio de la modificación genética o que contengan productos genéticamente modificados de forma directa o indirecta".
Ello resulta un reto bien complicado, dada la abundante literatura internacional que vincula el consumo de transgénicos con eventos de enfermedades en amplios grupos poblacionales.
En Cuba, como siempre, el reto es mayor, dada la no promoción de los derechos de acceso. Recordemos que la Isla sigue ausente del Acuerdo de Escazú, para el acceso a la información, la participación, y la justicia en temas medioambientales.